Jornaleros agrícolas promotores de derechos humanos así como diversas organizaciones, formaron la Alianza Campo Justo para demandar un salario mínimo profesional como un primer paso rumbo al reconocimiento de los derechos de las personas jornaleras agrícolas.

Puntualmente, la Alianza lanzó el llamado al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Consami) para que incluyan la propuesta de fijación de salario mínimo para personas jornaleras en sus sesiones de este año, y de esta forma se cumpla la obligación establecida en el artículo 280 Bis de la Ley Federal del Trabajo que se reformó en mayo del 2019.

Guerrero es uno de los estados que expulsan a miles de jornaleros indígenas de regiones como la Montaña y Costa Chica.

A nivel nacional, el país tiene cerca de 3 millones de personas que trabajan en el campo, de las cuales, 99 por ciento vive en condiciones de pobreza, marginación y desigualdad social y económica a causa de su bajo nivel de ingreso, lo que resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas en salud, educación, condiciones laborales, vivienda y seguridad social.

De acuerdo a la Alianza, el trabajo agrícola es por naturaleza físicamente demandante, ya que implica largas jornadas laborales en las que las personas trabajadoras del campo están de pie por largos periodos de tiempo.

Además, los riesgos de accidentes aumentan con la fatiga, el terreno difícil en los que laboran las personas jornaleras, así como por la exposición a plaguicidas y la falta de acceso a servicios de salud básica.

Aunado a esto, la mayoría de las y los jornaleros trabajan de manera temporal, sin contrato, y por estaciones, lo que conlleva a una constante movilidad y migración entre estados, generalmente de familias enteras. Además de asentamientos de población jornalera locales en diferentes entidades.

La Alianza Campo Justo está conformada por personas jornaleras promotoras de derechos humanos junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Durante la presentación virtual de la Alianza, participantes plantearon que en los trabajos del campo, también hay un importante número de niñas, niños y adolescentes, así como mujeres y mujeres jóvenes con menores de edad.

Desafortunadamente, existe un importante rezago en información, ya que la última Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO 2009) fue realizada hace más de diez años, por lo que los datos existentes son insuficientes, inexactos y desactualizados.

COVID-19 visibilizó a trabajadores esenciales

Este año, la pandemia por Covid-19 visibilizó a nivel global la relevancia de las y los trabajadores esenciales, quienes no tuvieron oportunidad de parar ante la crisis sanitaria y económica, como es el caso de las personas jornaleras y trabajadoras agrícolas, quienes siguieron trabajando para que los alimentos llegaran y sigan llegando a nuestros hogares.

Asimismo, la pandemia, evidenció también la triple vulnerabilidad a la que esta población está expuesta por la falta de garantía a sus derechos, por las condiciones de desigualdad permanente en la que viven y por la falta de reconocimiento de su trabajo como esencial para la vida humana y supervivencia.

Por otra parte, la Alianza señaló los diversos instrumentos internacionales ratificados por México, en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) el cual reconoce la importancia de la suficiencia del salario mínimo y prestaciones y beneficios para el bienestar de las personas. El PIDESC determina que las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias deben asegurar, entre otras cosas, una remuneración que propicie mínimamente para todas y todos los trabajadores condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias, así como, el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.

Resulta urgente que las políticas públicas orientadas a la población jornalera y a sus familias aseguren y garanticen sus derechos humanos, pues las estrategias implementadas hasta ahora no han logrado revertir las desigualdades estructurales en las que laboran.