Sergio Ferrer
Personas asesinadas, desaparecidas, desplazamientos internos forzados, automóviles y casas quemadas, balaceras nocturnas, son parte de los escenarios cotidianos a los que se enfrentan pobladores de comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero que han padecido el aumento de la violencia en zonas con conflictos agrarios.
Entre los hechos dados a conocer recientemente, se encuentra el ataque a la comunidad mixteca de Tierra Blanca, Cochoapa el Grande, que dejó personas asesinadas y desaparecidas, además de daños materiales luego de que el poblado fuera atacado por habitantes de Huexoapa, comunidad perteneciente al municipio de Metlatónoc. Por otra parte, existe una tensión en aumento en el municipio de Malinaltepec, entre comuneros de Alacatlatzala y Malinaltepec, quienes aunque han pactado no agredirse, en redes sociales se continúa denunciando presuntos ataques a pobladores que habitan dentro del área en disputa.
Para el antropólogo Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos asentado en la Montaña desde hace más de 25 años, no existe una reingeniería institucional que esté respondiendo de una manera sensible al problema. “Ha caído en Sedatu el tema agrario pero no se ve que tengan una radiografía ni una estrategia de intervención integral para la prevención y resolución a nivel nacional para atender de manera interinstitucional los conflictos agrarios”, explica.
El defensor de derechos humanos reconoce que una parte importante del tema recae en los Tribunales Agrarios (TA), pero no es suficiente, se debe ver el contexto y un trabajo conjunto para resolver los conflictos -varios de estos de larga duración que han desgastado a los núcleos agrarios- los cuales no se resolvieron con la reforma agraria ni tampoco con el programa Procede que en muchos casos empeoró la situación.
Y nos menciona algunos ejemplos Buenavista-Zitlaltepec, Tlaxcalistlahuaca-Horcasitas, Malinaltepec-Alacatlatzala, San Juan Bautista Cuapala-Huitzapula, Jicaral-Jicayán…
Dentro de las cuestiones comunitarias que implica la conflictividad, Barrera Hernández apunta a que existe una presión en los núcleos agrarios porque no tienen terrenos para distribuir a los jóvenes ciudadanos que prestan un servicio y a quienes el pueblo debe darles un solar y una parcela, “ya no se está logrando en varias comunidades porque la tierra ya fue repartida, entonces en algunos casos han dado terrenos en lugares en conflicto pidiéndoles a las familias cuidar o defender su tierra”.
En las últimas semanas la tensión entre núcleos agrarios ha crecido en la Montaña de Guerrero, ha existido una respuesta tardía por parte de cuerpos de seguridad estatal para resguardar de manera temporal zonas donde se han suscitado conflictos.
“Alacatlatzala es ilustrativo, en su lógica de que hay 3 mil hectáreas que les pertenecen, consideran que se están metiendo las familias de Malinaltepec, ocupando terrenos que los usan para siembra y al hablar de las casas quemadas niegan los daños ya que afirman están en terreno de su propiedad”, refiere el antropólogo.
Es un problema complejo, “hay resoluciones agrarias para algunos lugares donde ya hay asentamientos humanos, entonces no se puede aplicar tal o cual sentencia, hay comunidades que no quieren ceder, además de ser insuficiente la intervención de la Procuraduría Agraria, les falta sensiblización a quienes atienden el conflicto y no existe una intervención de alto nivel para buscarle salida a los conflictos, antes estaba el programa Focos amarillos, después el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) pero se quedó sin fondos para contraprestaciones a los núcleos agrarios, aunado a que el gobierno federal no hace un trabajo minucioso de análisis de conflictos”, afirma Tlachinollan en entrevista para La Dekonstrucción.
No hay monitoreo de lo que hace que las comunidades, entonces estas toman sus propias decisiones, mientras que el gobierno de Guerrero ha manifestado sus reservas tras asegurar que solo coadyuvan en el tema de conflictos agrarios, el Gobierno de México ha reducido su representación a una Procuraduría Agraria que no tiene la capacidad para construir soluciones de fondo, en tanto que las resoluciones del Tribunal Agrario no se cumplen ni ejecutan.
Otra realidad en la Montaña es la existencia de un flujo de armas de alto calibre. En la información vertida por medios locales sobre los conflictos, se describe la existencia de R15 y armas de uso exclusivo del Ejército. Para Tlachinollan, existe un proceso histórico de defensa del territorio y el tener un arma ha sido una manera que ven las personas de defender su patrimonio, aunque también las actividades ilícitas han alentado la compra e incluso se han registrado casos donde integrantes del Ejército facilitaron la venta de armas. En la región, según registros recientes, un 80 por ciento de los homicidios se cometieron con armas de fuego.
La semana pasada, ocurrió un asesinato colectivo en San Pedro Amole municipio de Copanatoyac, en los límites con Zapotitlán Tablas en donde al menos 7 personas de Amole fueron asesinadas y al parecer otra más, por parte de los agresores, identificados como presuntos policías comunitarios. Elementos de la Fiscalía de Guerrero y Policía Estatal acudieron al lugar a buscar los cuerpos de las entonces personas desaparecidas, sin éxito. Serian pobladores de Amole quienes encontrarían los cuerpos de sus familiares y vecinos asesinados.
En lo que representan para Tlachinollan como un terreno minado y una debilidad institucional, hay una agenda de los pueblos indígenas que ha quedado relegada, o trunca, como la reforma constitucional para reconocer los derechos de los pueblos indígenas referente, entre otros aspectos, a su territorio; su autonomía; no están plenamente reconocidos sus derechos.
“Se impulsa que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas retome esta agenda del derecho ancestral a los territorios comunitarios, a garantizar la libre determinación, los gobiernos comunitarios y dejar el abandono histórico”, finaliza Barrera Hernández.
Falta participación e interés de autoridades municipales para la solución de conflictos agrarios, señala Comisariado de Bienes Comunales
Tras calificar como lamentable e indignante los hechos de violencia ocurridos en Tierra Blanca, Felipe Ortiz Montealegre, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Metlatónoc, declaró que hay una desatención y falta de cuidado de las autoridades agrarias como son la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría para la Defensa del Campesino, ahora convertida en la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y los Tribunales en materia agraria, a pesar del incremento de la violencia en la región por conflictos agrarios.
En Chilpancingo está el Distrito 12 al cual corresponde la Montaña, los juzgados no han podido ejecutar sentencias, el Tribunal muestra poco interés, esto, frente a indígenas que están en rebeldía, las autoridades no hacen presión para hacer valer el imperio de la ley, afirmó Ortíz Montealegre.
Hace falta que las autoridades chequen los problemas, que no se invadan predios, que los comuneros reconozcan sus carpetas básicas y no tengan información a medias de las autoridades, que no estén en el abandono, que se hable con ellos, luego están dos meses atendiendo algún asunto y lo olvidan, no le dan seguimiento, no hay celeridad ni gratuidad, se litiga con poca trascendencia, ahora con la pandemia esta cerrado el TA, reclama el indígena na savi que ha sido presidente municipal.
Quien también fuera diputado local, recordó que quedó congelada su propuesta, hace ya varios años, de la creación de la Comisión de Asuntos Agrarios, algo que deberían retomar el Congreso de Guerrero, afirmó. En otro punto, Ortíz Montealegre denunció la falta de interés de presidentes municipales para buscar abonar a la solución de conflictos agrarios.
“No se meten casi, como no es obra y no les dejará recursos no aparecen, ni siquiera quieren nombrar a un enlace que se haga responsable de este tema, un representante que pudieran negociar o apoyar en los gastos de los trabajos de mediación, es el caso del gobierno de Metlatónoc que ha abandonado este tema, si le entraran a atender ayudarían a evitar más conflictos”, espetó Ortíz Montealegre quien también reiteró de evidente la responsabilidad mayoritaria de las autoridades agrarias, “que vayan, se queden a dormir varias noches, hablen con los pueblos, con los líderes, ya que en ocasiones los líderes influyen para bien o para mal y a ellos también hay que sensibilizarlos”, dijo.
En entrevista para La Dekonstrucción, el Comisariado afirmó que tan solo en su núcleo comunal hay 40 casos complejos que fueron desatendidos por años, incluso por las propias autoridades agrarias y que durante su labor han efectuado mesas de trabajo que se llevan varias horas, a veces 8, otras hasta 15 horas.
En Sedatu, reducción de presupuesto, disminución de casos resueltos
En febrero de 2019, Román Meyer Falcón titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que la dependencia a su cargo trabajaba para el rediseño de mecanismos para la resolución de conflictos agrarios, en coordinación con la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN), trabajaban para replantear las políticas públicas encaminadas a dar certeza jurídica a los ejidatarios del país, según boletines de la propia Secretaría.
Entre sus estrategias, apuntan a la instalación de mesas de trabajo en las que participen representantes de los tres niveles de gobierno con el objetivo de buscar soluciones integrales a los conflictos ejidales que persisten en diversos municipios. Estas responsabilidades vienen de acuerdo a lo establecido en los artículos 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en las atribuciones derivadas de artículo 27 de la Constitución mexicana, así como la Ley Agraria y sus reglamentos.
La propiedad social corresponde a los núcleos agrarios, hasta junio de 2019 constituyen el 51 por ciento de la superficie del país con 99.5 millones de hectáreas lo cual representa el 93 por ciento de la superficie de áreas naturales y como tal su reserva territorial es poseedora de una gran riqueza cultural y de recursos naturales.
Según información oficial del 19 de marzo de 2020, en 2018 Sedatu atendió, a través de su programa específico, 18 estados del país, para 2019, 5. En 2018 hubo 88 casos resueltos o concluidos. Al segundo trimestre de 2019, 7.
En cuanto al presupuesto asignado en 2019 al Programa de Atención a Conflictos Agrarios fue 33.9% menor que en 2003. Para el ejercicio 2019, el Programa tuvo un presupuesto aprobado en el PEF de $454.7 millones que incluía Conflicto Agrarios y Obligaciones Jurídicas. Para el primer PRESUPUESTO ASIGNADO la asignación fue de $303.4 millones, modificado a $176.5 millones, es decir, hubo una disminución del 159.3%.
Para el ejercicio fiscal 2020, el Proyecto de PEF estipuló un presupuesto de $264,809,450 para el Programa.
El valor de las palabras "NDAA YA'VI TU'UN KA'AN YO" 