La población jornalera agrícola y su atención debe ser considerada como de la más alta prioridad nacional, dado que representan a la población que alimenta al país, señalan.

Sergio Ferrer

El Grupo de Trabajo Jornaleros Agrícolas en Sonora (GT-JAS) y diversas organizaciones lanzaron un llamado urgente a autoridades gubernamentales y también exhortando a empresarios, para que en el ámbito de sus competencias y responsabilidades atiendan las localidades agrícolas con presencia de población jornalera migrante asentada en Sonora, ésto frente a casos registrados de COVID-19 y el riesgo al que se enfrentan jornaleras y jornaleros al carecer de protocolos de prevención y atención durante su traslado, llegada, estancia y desarrollo laboral.

El grupo de trabajo denunció que la situación sanitaria en distintas zonas agrícolas de Sonora y otras regiones del país es alarmante debido a que las capacidades institucionales están menguadas ante la inminente transmisión comunitaria en varias localidades agrícolas, siendo una de ellas la comisaría Miguel Alemán en la costa de Hermosillo.

A través de un comunicado, informaron que según sus fuentes, hasta el 1 de junio, se registraron 11 defunciones por probable COVID-19, esto en 2 en campos agrícolas y 9 en la localidad de Miguel Alemán. Siendo insufientes los servicios de salud pública por falta de recursos humanos y materiales.

Los esfuerzos de las autoridades municipales requieren un apoyo extraordinario por la contingencia, reclamaron, siendo necesario que las autoridades estatales y federales pongan atención a esta población que vive en condiciones de precariedad y marginación que se recrudecen ante la llegada del ciclo agrícola, que trae a población jornalera de otros estados de la república sin que se implementen protocolos de prevención y atención durante el traslado y a su llegada.

Otro de los factores que agudizan más la situación es la percepción colectiva del riesgo, debido a las carencias en el acceso a información sobre la COVID-19, de manera clara, accesible, confiable y sensible a las variaciones lingüísticas y pertinencia cultural.

A decir del grupo de trabajo y organizaciones, se ha observado un relajamiento social de las medidas de sana distancia y demás recomendaciones sanitarias relacionadas en parte con las condiciones de hacinamiento en las viviendas y cuarterías que cohabitan las personas trabajadoras agrícolas y sus familias, así como por las condiciones de transporte hacia los campos agrícolas y entre quienes llegan de sus comunidades de origen.

Por ello es importante y sobre todo urgente una campaña vigorosa y acciones específicas para retomar las medidas preventivas emitidas y recomendadas por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que permita llenar esas lagunas de información y sensibilice a las personas sobre la prevención y las vías de contagio ante la COVID-19, así como facilitar y vigilar, el acceso a las medidas de prevención con cubrebocas, acceso a agua para el correcto lavado de manos y la ejecución de las labores del campo con la distancia recomendada para evitar la diseminación del virus.

De igual forma, es importante y urgente la participación conjunta y articulada de las instituciones públicas en los tres órdenes de gobierno, así como sindicatos, servicios de transporte jornalero, empresarios agrícolas, organizaciones de la sociedad civil y academia para la ejecución de protocolos de prevención y atención entre la población jornalera dentro de los campos y lugares de trabajo, durante los traslados y en las localidades aledañas, con la finalidad de promover, informar y garantizar la protección continua de sus derechos humanos y a la salud, incluidos sus derechos laborales, para evitar que por la pandemia de la COVID-19 se cometan abusos y violaciones, con justificaciones discriminatorias que afecten el desarrollo de su trabajo y vida, señala el texto.

Foto: Margarita Nemecio

La propuesta que plantean a los tres órdenes de gobierno, así como a empresarios y propietarios de centros de trabajo/campos agrícolas, es la elaboración de:

  • Un mapa de riesgo de geolocalización de zonas de mayor vulnerabilidad social en las áreas agrícolas y sus localidades.
  • Un protocolo de prevención y seguridad durante los traslados de trabajadoras y trabajadores. Aquí es importante que empresarios junto con servicios de transporte particulares tengan una guía de operación adecuada: unidades sanitizadas, considerar el distanciamiento ya establecido por las autoridades oficiales, gel sanitizante, se brinde cubrebocas obligatorio, termómetros y que las unidades estén en óptimas condiciones mecánicas.
  • Un programa urgente de atención en las zonas agrícolas que incluya un inventario institucional con todos aquellos recursos hospitalarios (como número de camas disponibles) para enfrentar la pandemia entre la población jornalera asentada y migrante.
  • Un protocolo urgente de actuación interinstitucional para cubrir las localidades y campos agrícolas en los cuales existan serios riesgos de contagio, considerando los protocolos de atención a zonas agrícolas realizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
  • Un programa institucional contundente y masivo en zonas agrícolas del estado en alianza con organizaciones civiles y academia para brindar información y sensibilización ante la COVID-19 considerando la pertinencia sociocultural.
  • Una evaluación de la disponibilidad de habilitar espacios en las localidades aledañas a los campos agrícolas para garantizar la atención médica, aislamiento y albergue de las personas no graves diagnosticadas con COVID-19, que cuente con la posibilidad de aislamiento, servicios de cuidado e higiene, acceso al agua y alimentación durante su estancia.
  • Activar protocolos de prevención y atención a la llegada de autobuses con población jornalera proveniente de las localidades de origen y/o de otras zonas agrícolas.
  • Gestión ante las distintas autoridades de espacios en los cementerios de las localidades.

Además, proponen que las autoridades de salud y del trabajo:

  • Convoquen a los empresarios agrícolas para que de manera urgente adecuen espacios donde se pueda atender a trabajadores contagiados que supuestamente deben quedarse en casa porque sabemos no tienen las condiciones para separarse del resto de su familia y también apoyar los comedores comunitarios que ya hay o crearlos en su caso para atender a las personas aún más vulnerables como adultos mayores, discapacitados, niños, niñas y adolescentes sin apoyo.
  • Se apoye a las Escuelas de Medicina y Enfermería para formar brigadas de salud con estudiantes a los cuales se les acredite su Servicio Social y se les de entrenamiento y lo necesario para su protección.

En México se han confirmado al 5 de junio 105,680 mil casos y 12,545 defunciones por COVID-19, mientras que para Sonora suman 3042 con 255 defunciones, según datos oficiales. La entidad está ubicada en el color rojo del semáforo nacional de riesgo por COVID, es decir, en alerta.

Firman el comunicado: Grupo de Trabajo Jornaleros Agrícolas en Sonora (GT-JAS); Joaquín Cruz V. Sociólogo, estudiante de posgrado, Pedro Gómez Abogado e indígena mixteco, Armando Haro E. Antropólogo Profesor-investigador, Guadalupe. Yolanda Velázquez A. Socióloga, asistente de investigación, Gerardo Rodríguez S. Estudiante de doctorado, Carmen Arellano Gálvez, Profesora-investigadora, Emma Paulina Pérez, Investigadora en desarrollo rural, José Eduardo Calvario P. Sociólogo, profesor-investigador Patricia Aranda G. Socióloga, Profesora-investigadora, Martha Márquez V. Profesora-investigadora, Rasha Salah Asistente de investigación, Servio García Castellano, Profesor-investigador, Valentina Glockner Antropóloga de la infancia, Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural de la UNAM. Y la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas conformada por el Centro de Acompañamiento a Migrantes A.C. (CAMINOS); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. (CDHM Tlachinollan); Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C. (CDIL); Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C. (CECIG); Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Mixteco Yosonuvico de Sonora Cerro Nublado A.C.; Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (ENLACE); Pastoral Social y Migrantes de la Diócesis de Matehuala; Respuesta Alternativa A.C.; Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (RA); Dra. Ma. Antonieta Barrón Pérez, académica de la Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México; Dr. Celso Ortiz Marín, académico de la Universidad Autónoma Indígena de México; y Soc. José Eduardo Calvario Parra, académico de El Colegio de Sonora y de la Universidad de Sonora el Binational Workgroup for the Health and Well-being of Sonoran and Arizona Farmworkers, Emma Torres, MSW, Executive Director, Campesinos Sin Fronteras, Somerton, Arizona, Floribella Redondo, CHW, BS, Co-Founder & Executive Director, Arizona Community Health Worker Association, Inc (AzCHOW), Gail Emrick, MPH, Executive Director, Southeast Arizona Area Health Education Center (SEAHEC), Nogales Arizona, Brenda O. Sánchez B.S/B.A, Border/Bi-national Program Coordinator, SEAHEC Maia Ingram MPH, Co-Director Arizona Prevention Research Center, Mel and Enid Zuckerman College of Public Health, University of Arizona, Paloma Beamer PhD, Profesora de Salud Pública, Mel and Enid Zuckerman College of Public Health, University of Arizona, Rietta Wagner, MPH, Doctoral Student, Mel and Enid Zuckerman College of Public Health, University of Arizona, Luis Arturo Valdez, PhD, MPH, Assistant Professor, Community Health Education, Health Promotion and Policy School of Public Health and Health Sciences, University of Massachusetts – Amherst, Jill Guernsey de Zapien, Director, Border, Transborder, and Binational Public Health Collaborative Research, Health Promotion Sciences, Mel and Enid Zuckerman College of Public Health University of Arizona, Cecilia Rosales, MD, MS, Associate Dean, Phoenix Campus, Professor & Chair, Division of Public Health Practice & Translational Research University of Arizona, Mel & Enid Zuckerman College of Public Health, Samantha Sabo DrPH, MPH, Associate Professor, Department of Health Sciences. Northern Arizona University, Elizabeth Valdez, PhD, MPH, Postdoctoral fellow, University of Massachusetts Amherst, Bryna Koch, MPH, Doctoral Candidate, University of Arizona, Mel and Enid Zuckerman College of Public Health, Rebecca Crocker, Postdoctoral Researcher, Center for Border Health Disparities, Arizona Health Sciences Center, University of Arizona, Sheila Soto, MPH Doctoral Student, Mel & Enid Zuckerman College of Public Health, University of Arizona