Pareciera ser que ser un activista en Latinoamérica se esta convirtiendo en algo demasiado peligroso, en los últimos meses, las cifras respecto a los asesinatos a los pobladores indígenas, activistas ambientales y protectores de los derechos humanos se han disparado.

Hace unos días en Nicaragua, 80 colonos armados mataron a 6 indígenas, conflicto que continua sin resolverse. Mientras la lucha por la tierra sigue, las comunidades indígenas se han quejado de la pasividad del gobierno sandinista encabezado por Daniel Ortega.

La situación se ha tornado crítica ya que la toma de tierras y la violencia por parte de los colonos, en lugar de disminuir ha ido en aumento, Inconveniente que llevó a los pobladores a pedir la ayuda de las Naciones Unidas, expresando temor al exterminio.

Mientras tanto, en México las cosas también se han puesto de color rojo, en menos de una semana, dos activistas ambientales que trabajaban en una reserva de mariposas fueron encontrados sin vida.

Homero Gómez González fue descubierto ahogado y, según la autopsia, había sufrido un traumatismo craneal, el activista estaba tras la pista de las empresas de tala ilegal y la agricultura clandestina, en particular la del aguacate.

«Algo extraño está sucediendo, porque están acabando con todos los activistas, estamos perdiendo personas que están haciendo algo por mejorar la sociedad». declaró el hermano de Homero, Amado Gómez.

Raúl Hernández Romero, fue el otro activista que sufrió de la inseguridad en el país, Hernández trabajaba en la reserva clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cuando fue encontrado muerto con heridas en la cabeza causadas presuntamente por un arma blanca.

En enero de 2020 se publicó el informe «Front Line Defenders» el cual revela que 304 activistas fueron asesinados en todo el mundo en 2019, solamente en Colombia, 106 activistas perdieron la vida, lo que la convierte en el país más peligroso de América Latina para defender los derechos humanos.

De los activistas asesinados, 40 fueron reconocidos como líderes indígenas, mientras que al menos 53 activistas indígenas fueron amenazados. En 2018, la región también encabezó las estadísticas de los asesinatos de activistas ambientales.

Y es que el territorio indígena sigue siendo objeto de los gobiernos latinoaméricanos para explotarlo y hacer negocio. El pasado miércoles, el presidente brasileño Jair Bolsonaro intensificó sus medidas en contra de las tribus nativas de su país al poner a disposición tierras de estas comunidades para empresas mineras, agrícolas y energéticas, lo que según palabras de Bolsonaro, ayudará a mejorar la igualdad de oportunidades al permitir que las comunidades indígenas participen en el desarrollo de sus propiedades. Sin embargo, los pobladores de la región describieron el proyecto de ley como «genocidio» y una intromisión a su independencia.

No es la primera vez que algo así sucede en territorio brasileño, en septiembre de 2019, en pleno debate sobre la protección de las tierras en torno al agresivo capitalismo del gobierno, Maxciel Pereira dos Santos, un protector de las comunidades indígenas, fue asesinado a tiros mientras montaba su motocicleta cerca de la frontera brasileña con Colombia y Perú.

Con este panorama, según datos de la ONG Global Witness, se han documentado hasta 1.500 casos de ecologistas asesinados desde 2002 en América Latina, pero la cifra real podría ser mucho mayor.

Global Witness ha señalado abiertamente a los responsables de este goteo de muertes. “Periódicamente, los gobiernos, las empresas y las pandillas criminales roban tierras y destruyen hábitats naturales para obtener ganancias, a medida que la demanda de productos como la madera, el aceite de palma y los minerales continúa creciendo”, señala en su último informe la ONG.

De esta manera, el panorama para los defensores sociales y de la tierra se vislumbra bastante obscuro de no mejorar las políticas que aseguren su protección la cual se convertirá en la protección del planeta.