Marcos Matías Alonso*

12 de setiembre, 2021.- El cuadro N°1 refleja la tendencia de 20 años de ejercicio presupuestal. El 2002 es el año de transición institucional del Instituto Nacional Indígenista (INI) a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); en ese año, la Cámara de Diputados aprobó el primer presupuesto de la CDI por cerca de 1,400 millones de pesos. También en este año fiscal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se aprobó el “Presupuesto para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, como un anexo especial en el cual, año con año, queda incluido el presupuesto específico para la CDI y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

El cuadro adjunto refleja cuantiosos recursos financieros de los que, desde el 2002, se empezó a conocer como el “Presupuesto Transversal Indígena”.

Presupuesto para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 2002-2022

El 8 de septiembre del 2021, el Ejecutivo Federal y la SHCP entregaron a la Cámara de Diputados el Paquete Económico del 2022. Los legisladores lo analizarán, discutirán y dictaminarán. El próximo 15 de noviembre es la fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe el PEF/22.

El Proyecto del PEF/2022 propuesto por el Ejecutivo Federal y la SHCP contempla un presupuesto nacional por $7´088,250,300,000, de los cuales, $124,593,178,185 corresponden a las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. Para las “Entidades no Sectorizadas”, que es la partida presupuestal para el INPI, le asignan recursos financieros por $3,819,229,899.

Al igual que en años anteriores, la Secretaría de Bienestar concentra el porcentaje mayor del presupuesto transversal indígena por un poco más de 60 mil millones de pesos. En la presente administración, Bienestar es la Secretaría con mayor poder económico y con los principales programas del gobierno federal. 

Los esfuerzos del Estado mexicano no han sido suficientes para abatir la pobreza indígena. “La población indígena, sin importar la variable que se elija, registra rezagos importantes respecto al resto de la población” (Informe 2018 de CONEVAL). Es alarmante la situación de pobreza indígena que prevalece en México. Los porcentajes de las dos gráficas adjuntas de CONEVAL del 2018 al 2020 deberían ser de alarma nacional.

En el 2020, la población indígena en situación de pobreza extrema alcanza el 76.8%, mientras que en pobreza moderada tiene el 41.5%. Es mucho más crítica la situación de pobreza de la mujer indígena, que en el 2020 alcanza el 83.5% y en pobreza moderada tiene el 39.2% (Medición de Pobreza de CONEVAL, 2020).

Como ocurre en casi todas las regiones indígenas del país, la pobreza se profundiza más en las mujeres, adultos mayores y en la infancia indígena. Pobreza creciente y desigualdad abismal es lo que caracteriza la situación contemporánea de los pueblos indígenas de México.

El reto mayor sigue siendo el sureste del país, donde se encuentran las entidades con mayor porcentaje de población en situación de pobreza: Chiapas (77%), Guerrero (68%) y Oaxaca (61.8%), con los porcentajes más altos de pobreza nacional. La “triada” de estados más pobres del país no excluye a otras entidades con regiones indígenas sumamente empobrecidas. Entre ellas sobresalen los pueblos de la Tribu Yaqui de Sonora, los Raramuris de Chihuahua o los Nahuas de Hidalgo y Veracruz.    

De la propuesta del PEF/22 se desprenden las siguientes consideraciones:

Primero: El PEF anual, además de representar las prioridades financieras del país, refleja el grado de prioridad del gobierno federal sobre la política pública de los pueblos indígenas.

Segundo: El PEF más alto asignado a la CDI corresponde al 2015, por doce mil millones de pesos. Del 2015 al 2020, el presupuesto a la CDI/INPI ha venido hacia una regresión dramática con recortes presupuestales del 50 y hasta el 60%.

Tercero: El Congreso de la Unión tiene la facultad constitucional de hacer las reasignaciones presupuestales necesarias para hacer más justa y equitativa la distribución de los recursos financieros del país. 

Cuarto: Hasta hoy, los pueblos indígenas no han sido beneficiarios del presupuesto transversal indígena. La Cámara de Diputados aún no ha podido establecer los dispositivos necesarios para que este presupuesto quede al alcance de los pueblos indígenas y afros. Desde su creación, no ha existido ningún mecanismo para evaluar ni auditar la aplicación del presupuesto transversal.

Quinto: A pesar de que en la exposición de motivos del PEF/22 consideran la participación de los pueblos indígenas en la aplicación del presupuesto transversal indígena, hasta hoy, están excluidos en la toma de decisiones. La exclusión mayor la sufre la población afrodescendiente.  

Pagar la deuda histórica a los pueblos indígenas y afromexicanos implica una justa distribución de los recursos financieros del país. Desde marzo del 2020 no hay una sola región indígena de México que no haya sido afectada por el “Covid-19” y sus variantes. El 2022 requiere un diseño presupuestal que ponga como centro el grave problema de la post pandemia y los mecanismos de apoyo que deben instrumentarse para fortalecer la economía y el desarrollo de los pueblos indígenas. México demanda un proyecto presupuestal que no abandone a sus pueblos indígenas en esta situación de emergencia nacional. Esperamos un PEF/2022 que aliente el optimismo con cifras alentadoras y no números regresivos que hundan la esperanza de nuestros pueblos.

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* Marcos Matías Alonso fue miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU y es actualmente investigador titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) en México, D.F.).