Bellmary Morales Reyes

La presentación del informe 26 del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan “Como una noche sin estrellas”, se desarrolló de manera virtual.

En la actividad, defensores de derechos humanos y un periodista, dialogaron de temas como son: la desaparición y asesinato del luchador social Arnulfo Cerón, perpetrado en Tlapa, la violencia en las comunidades indígenas, el aumento de feminicidios, la precarización laboral de jornaleras indígenas, el avance del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como las muertes de migrantes en Nueva York a causa de COVID-19.

Abel Barrera Hernández dio a conocer la investigación sobre el caso de Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la Montaña (FPM) que desapareció el 12 de octubre de 2019.

Alertó que este hecho dejó al descubierto el contubernio y poderío del crimen organizado con gobiernos municipales, y figuras que formaban parte de ayuntamientos, asimismo reprochó

la falta de seguimiento inmediato de las denuncias, por parte del Ministerio Público.

Ante la indiferencia de las autoridades buscaron el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH) y las organizaciones de derechos humanos, los cuales sirvieron como vínculo de comunicación del caso para que el gobernador Héctor Astudillo volteara la mirada a la Montaña.

El 20 de noviembre de 2020 se localizó el cuerpo de Arnulfo dentro de una fosa clandestina, dentro de la colonia El Ahuaje.

En la exposición de actividades desarrolladas de septiembre de 2019 hasta agosto de 2020, participaron; Abel Barrera Hernández director de Tlachinollan, Tania Reneaum Panszi, directora de Amnistía Internacional sección México, Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Luis Hernández Navarro, escritor, periodista y coordinador de la sección de Opinión del periódico La Jornada y Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro, como moderador.

El informe señala además que la violencia en Guerrero ha incrementado con el confinamiento. Los conflictos agrarios son un ejemplo, en el caso del enfrentamiento de Malinaltepec con Alacatlatzala, se reportaron tres personas desaparecidas y varios casos de personas asesinadas.

En regiones como Chilapa, los ataques del crimen organizado y la ausencia de cuerpos de seguridad y de miembros de la Guardia Nacional, han orillado a mujeres y niños a portar armas largas para usarlas en defensa propia.

En cuanto a los feminicidios, en este año se registró un aumento, Tlachinollan registró 19 casos de muertes violentas, 7 casos de feminicidio, 6 casos de mujeres desaparecidas, 14 casos de agresión sexual en su mayoría a niñas menores de 16 años. La situación de vulnerabilidad para las mujeres es mayor cuando pertenecen a comunidades indígenas.

Otro tema retomado fue la pandemia de COVID-19 que cobró la vida de migrantes indígenas en Nueva York, Tlachinollan contabilizó 63 migrantes que fallecieron en Estado Unidos, sus restos fueron incinerados y repatriados al estado de Guerrero.

Para ello se logró la contribución de mil dólares por parte del Gobierno de Guerrero y con el apoyo de organizaciones y grupos migrantes, se logró la recaudación necesaria para que las familias pudieran recibir los restos de sus seres queridos.

Dentro de los municipios de la Montaña, también existen carencias médicas que los habitantes han sufrido aún más con la llegada de la pandemia, en la ciudad de Tlapa solamente hay una unidad COVID en el Hospital General, en dicha unidad médica se registraron 300 muertes por coronavirus. Las instalaciones cuentan con 15 camas, 6 ventiladores y el personal médico es insuficiente.

De manera general, para la región solamente hubo una semana de aplicación de pruebas para detección de casos positivos y hasta el momento no se han presentado más planes de prevención, por lo que los habitantes de la región han recurrido a métodos de curación ancestral.

El desempleo para los jornaleros agrícolas y las personas de escasos recursos fue otro tema expuesto, ya que aumentó con la llegada del coronavirus.

Familias completas emigran principalmente a los campos agrícolas de Michoacán, Chihuahua y Sinaloa, para trabajar de tres a seis meses en condiciones precarias.

Al respecto, la Red Nacional De Jornaleros y Jornaleras Agrícolas y más organizaciones lanzaron una campaña un piden a la comisión reguladora de salarios

ajuste un nuevo rango al salario mínimo para jornaleros y jornaleras, además de demandar a instancias en materia laboral, verificar que las condiciones de trabajo sean las adecuadas.

En cuento a la búsqueda de personas, en la Montaña surgió el Colectivo Luciérnaga, formado por familiares de personas desaparecidas, que siguen en la búsqueda de sus seres queridos. El Colectivo ha ubicado más de 100 restos óseos en distintas fosas clandestinas, ubicadas en municipios que están controlados por la delincuencia.

Sobre el acompañamiento a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, se dijo que ha presentado avances favorables en la investigación en comparación con las los resultados del año pasado.

Se creó la Unidad de Investigación y litigación para el caso Ayotzinapa, hay 80 ordenes de aprehensión giradas, entre ellas la de José Ángel Casarrubias, alias el Mochomo, quien es pieza clave para la investigación.

Sin embargo, pese a estos resultados, es notable la falta de acompañamiento en los casos por parte de los cuerpos institucionales, ya que no han dado circunstancias de espacio y tiempo que indiquen responsables y elementos de prueba.

Tania Reneaum Panszi señaló, que dentro de este informe no solo se encuentra la realidad del estado de Guerrero, también es la radiografía de las realidades en otros territorios de México, en donde todas convergen es en la crisis de confianza de la ciudadanía por falta de actuación del Estado, dijo.

Por su parte Jesús Peña, indicó que México se ha convertido en el lugar más peligroso para la libertad de expresión, por ello se debe dar fin a las campañas de agresión y estigmatización en contra de los movimientos sociales.

Luis Hernández Navarro hizo énfasis en la falta de instrumentos jurídicos que generen esperanza y capacidad de adversidad de los pueblos indígenas.

Dicha ausencia y la suma del control por parte de la delincuencia, han hecho de Tlapa un campo santo clandestino, señaló.

Todos los asistentes al informe, coincidieron en el impacto diferenciado por la pandemia de COVID-19, dejando al descubierto la desigualdad de las zonas marginadas en el país, además de la necesidad de proteger los derechos de la población más oprimida, como los pueblos indígenas.