Bellymary Morales Reyes

La violencia feminicida en la Montaña se incrementó en la pandemia, principalmente hacia las mujeres indígenas, con casos de violencia psicológica, económica, sexual, privación de la libertad y la vida, delitos que han sido ignorados por las autoridades.

En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia en contra las Mujeres, se realizó el foro: “Nuestros cuerpos son sagrados. Alto a la violencia feminicida”, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan.

Participaron, sobrevivientes y víctimas de violencia feminicida y las expertas, Anabel López Sánchez titular de la Dirección General para una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad Política y Social del Instituto de las Mujeres (INMUJERES); Ana Yeli Pérez Garrido directora de Justicia Pro Persona; Ximena Ugarte asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; traductoras de lengua náhuatl y me’phàà, Abel Barrera director del Centro Tlachinollan y la moderadora, la abogada Neil Arias Vitinio.

Familiares de víctimas reclaman justicia.

Hasta la fecha, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, tiene documentados en la región 27 feminicidios, entre estos, cuatro casos de niñas que eran menores de 14 años, 14 casos de agresión sexual, en su mayoría a niñas menores de 15 años y 3 casos de desaparición de mujeres, ocurridos en las comunidades de Cochoapa el Grande, Zapotitlán Tablas y Xalpatláhuac.

Los principales agresores sexuales son los propios padres de las víctimas o integrantes de su familia y en los feminicidios, las parejas sentimentales son quienes las privan del derecho a la vida. Todos los casos tienen antecedentes de denuncia, los cuales han sido ignorados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Guerrero, permitiendo que el agresor ofrezca una remuneración económica a las víctimas, en lugar castigar tales delitos.

Las madres de las víctimas de feminicidios y las sobrevivientes de violencia, expresaron su indignación hacia la falta de apoyo y seguimiento en cada uno de sus casos, coincidiendo en el trato discriminatorio por parte de las autoridades. Aseguraron, que son ellas quienes se encargan de la recaudación de pruebas en contra de los agresores, debido a la indolencia de los organismos de justicia.


La directora de Pro Persona Ana Yeli Pérez indicó que la falta de recursos y servicios en las comunidades indígenas, es un indicador de olvido por parte del Estado, que va más allá de la falta de recursos para la resolución de casos de violencia contra la mujer.

Añadió que el sistema patriarcal de justicia debe cambiar y de esta forma crear mecanismos para garantizar la seguridad de las mujeres indígenas.

Por su parte, Anabel López señaló que el gobierno federal no tiene atribuciones para intervenir de manera empática en las investigaciones, por ello planteó que el Instituto Nacional de las Mujeres dará seguimiento puntual a cada uno de los casos presentados en este foro.

Agregó que los pueblos indígenas además de luchar por su autonomía, deben garantizar la libertad y el respeto hacia las mujeres.

El antropólogo Abel Barrera, destacó la importancia de la creación de grupos seguros para las mujeres, ya que sus hogares son un lugar inseguro para ellas. Por esto, es indispensable la creación de organismos sociales que se unan a la lucha por los derechos de las mujeres, pues son el único medio en el que las víctimas confían.

Las mujeres participantes en este foro, concluyeron con un llamado a la sociedad para formar redes de apoyo dentro y fuera de sus comunidades, de esta manera la voz de las mujeres será siempre un motor de lucha. Finalmente, agradecieron y reconocieron la valentía de los testimonios expuestos, asegurando que la denuncia de la violencia contra la mujer es la semilla del cambio en la realidad de las futuras generaciones.