Sergio Ferrer

La Red Intercultural para el Buen Vivir, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA), organizaciones y académicas, externaron su preocupación ante la desaparición del Programa de Inclusión y Equidad Educativa (PIEE) en el proyecto del presupuesto 2021 presentado por Hacienda, lo que repercutiría en la atención educativa de las infancias indígenas jornaleras agrícolas migrantes con un enfoque intercultural.

La desaparición de un programa educativo específico para atender a las infancias indígenas jornaleras agrícolas migrantes, quienes históricamente no han tenido acceso al ejercicio de sus derechos, entre ellos el derecho a la educación y donde desde una mirada interseccional se puede reconocer distintas situaciones y condiciones como la edad, el origen, el sexo, la movilidad que les colocan en contextos vulnerabilizados y que requieren urgentemente de un programa con enfoque intercultural que dé respuesta a las condiciones de movilidad y de pertinencia cultural, las pone en una situación aún de mayor riesgo.

Desaparecer este programa es perpetuar la deuda histórica que tiene nuestro país con las infancias indígenas, asimismo invisibilizar a miles de niños y niñas indígenas cuya infancia se desarrolla en distintos estados de nuestro país en los campos agrícolas.

En sus argumentos, las organizaciones, redes de la sociedad civil y personas a título personal, señalan que las niñas, niños y adolescentes (NNA) tienen derecho a la educación1, y las infancias indígenas jornaleras migrantes no son la excepción, en el programa2 mencionado en supralíneas incluye la atención educativa de las infancias indígenas jornaleras agrícolas migrantes con un enfoque intercultural, que permite dar respuesta a una de las obligaciones constitucionales del Estado mexicano, garantizar el acceso a la educación a un sector de la población que se enfrenta y vive en contextos complejos derivados de la intersección de distintas vulnerabilidades y por consiguiente, la eliminación del presupuesto presupone un retroceso en generar condiciones de acceso a los derechos humanos, lo que a su vez implica impedir el acceso a la educación3y, participación contemplados en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Desde la implementación de las políticas neoliberales en nuestro país y de manera más aguda con la reforma al Art. 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha pauperizado la economía y la forma de vida “tradicional” de las familias campesinas. Eso las ha llevado a la búsqueda de nuevos modos de subsistencia en la que destaca la migración interna e internacional, caracterizada por la incorporación a la agroindustria. En este sector se han incorporado mujeres, niñas, niños y adolescentes como parte de un mercado laboral precario y violatorio de los derechos humanos y derechos laborales.

Según datos arrojados por la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO 2009), alrededor de 60% de esta población era originaria de localidades de alta o muy alta marginación, cerca de 40% pertenecía a una comunidad indígena y había hablantes de 29 lenguas distintas. Estas condiciones los motivan a salir de sus lugares de origen para laborar por temporadas como jornaleros y jornaleras agrícolas. Además, la ENJO demostró que subsisten retos importantes en materia educativa, puesto que la escolaridad promedio de las y los jornaleros agrícolas migrantes de 15 años era de 4.5 años, en comparación con la media nacional de 8.1 años. La encuesta también señaló una importante situación sobre infancias trabajadoras, pues 60% de las NNA llevaba a cabo actividades remuneradas en el campo; 10%, actividades comerciales, ganadería, albañilería, etcétera, y 30% desempeñaba actividades domésticas.

Además de las condiciones económicas y laborales, otro de los factores que obstaculizan la entrada y permanencia de los NNA en el Sistema Educativo Nacional (SEN) se refiere a la falta de disponibilidad de servicios educativos, de oportunidades y de atención por parte de figuras educativas con formación o experiencia profesional suficiente, así como la carencia de mobiliario y condiciones adecuadas para el aprendizaje en sus escuelas. Dichas condiciones reflejan que esta población es la que enfrenta las condiciones más precarias y de mayor vulnerabilidad en nuestro país (INEE, 2016)4.

Las firmantes ponen a consideración de las Comisiones de la Cámara de Diputados:

  • La asignación de recursos para mantener el programa educativo de atención a infancias indígenas jornaleras agrícolas migrantes que se inscribe en el Programa de Inclusión y Equidad Educativa.
  • Se solicite a la Secretaría de Educación Pública un diagnóstico de la situación educativa de las infancias indígenas jornaleras agrícolas migrantes, a fin de obtener la información necesaria para realizar una mejor planeación y evaluación de un programa educativo pertinente, de calidad y con recursos suficientes para asegurar el derecho a la educación de estas infancias.
  • Abrir espacios de diálogo con las infancias indígenas jornaleras agrícolas migrantes y sus familias para conocer las necesidades y prioridades reconociéndoles como sujetos de derechos.

Organizaciones y Redes firmantes:

Organizaciones: Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad A. C.; Colectivo de Arte Comunitario Lxs de Abajo; El Hilo Rojo. Un espacio para la Adopción; Formación y Capacitación A.C.; Fundación México Juega A.C.; Fundación por la Voces de Infancia y Género A.C.; Inclusión Ciudadana A.C.; Infancia Común A.C.; Morritos A.C.; Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, A.C.

Redes de sociedad civil: Red Intercultural para el Buen Vivir, integrada por elInstituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Universidad Iberoamericana Cd. México, Sine-comunarr A.C., Instituto Superior Intercultural Ayuuk, Instituto Intercultural Ñöñho A.C.; Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA), integrada porelCentro de Acompañamiento a Migrantes A.C. (CAMINOS); el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. (CDHM Tlachinollan); Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C. (CDIL); el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C. (CECIG); la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Mixteco Yosonuvico de Sonora Cerro Nublado A.C.; Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (ENLACE); Pastoral Social y Migrantes de la Diócesis de Matehuala; Respuesta Alternativa A.C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (RA); Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes A.C.; Dr. Celso Ortiz Marín, Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa; Dr. José Eduardo Calvario Parra, Colegio de Sonora.; Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); Red Educación de las Personas Jóvenes y Adultas (Red EPJA); AlianzaMx; Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes; Red Latinoamericana de Investigación y Reflexión con niñas, niños y adolescentes (Red REIR) y Grupo de Trabajo de Jornaleros/as agrícolas en Sonora (GT-JAS), integrado por Magdalena Rivera, Letras Migrantes. Aldo Ledón, Voces Mesoamericanas. Joaquín Cruz, estudiante de maestría de El Colegio de Sonora. Gerardo Rodríguez, Universidad California Santa Barbara. Carmen Arellano, posdoctorante en El Colegio de Sonora. Emma Paulina Pérez, investigadora independientemente. Yolanda Velázquez, estudiante de maestría CIESAS. Armando Haro, profesor investigador de El Colegio de Sonora. Patricia Aranda, profesora-investigadora de El Colegio de Sonora. Martha Rasha Salah, estudiante de doctorado de la Universidad Iberoamericana. Servio García, profesor de la Universidad Autónoma Indígena de México. Martha Marquéz, UNAM. Dr. Eduardo Calvario Parra, Colegio de Sonora. Pedro Gómez, Mixteco Yosonuvico de Sonora Cerro Nublado A.C. Bietarina Santiago Martínez, Profesora de educación indígena.

Academia: Programa Infancia UAM

A título personal: Rosaura Galeana Cisneros. Profesora – Investigadora de la UPN; Sara Pinedo. Colectivo de Arte Comunitario Lxs de Abajo; Cuauhtémoc Vázquez. Colectivo de Arte Comunitario Lxs de Abajo; Adriana Rodríguez. Colectivo de Arte Comunitario Lxs de Abajo; Jaime Servín. Colectivo de Arte Comunitario Lxs de Abajo; Antonio Hernández. Colectivo de Arte Comunitario Lxs de Abajo; Ángeles Valencia. Colectivo de Arte Comunitario Lxs de Abajo;Ma del Socorro Hernández Martínez. Colectivo de Arte Comunitario Lxs de Abajo; Ma Silvina Olmos. Colectivo de Arte Comunitario Lxs de Abajo; Dra. Valentina Glockner. CONACYT-COLSON.

1 El artículo 37, fracción II establece la obligación de Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para garantizar la igualdad sustantiva deberán Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de Acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes;

2 De acuerdo al sitio web http://www.contraloriasocial.uagro.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=29 el PIEE es un programa quiere asegurar mayor cobertura entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante normas y apoyos para los servicios educativos públicos, así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de instituciones públicas de educación básica, media superior y superior, que atienden población en contexto de vulnerabilidad y/o discapacidad.

3 Artículo 28 Convención Sobre los Derechos del Niño. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;

4 INEE. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2016). Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes.