Diana Fernanda Cortés Tovar

Las consecuencias de la COVID-19 van más allá de las cifras de contagios y muertes con las que medios nacionales e internacionales bombardean a la sociedad diariamente, la enfermedad se ha convertido además en un fenómeno cuyas consecuencias socioeconómicas ya han comenzado a hacer mella entre la población, por lo que es importante mantener conciencia de que dichas secuelas, así como su probable agravamiento, afectan a las infancias y ponen en riesgo sus vidas futuras.

Con esto en mente, desde el mes de mayo el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana (EQUIDE), en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), iniciaron la Encuesta de hogares ENCOVID19 Infancia, un proyecto robusto que consistió en recabar información de hogares mexicanos, pertenecientes a distintos estratos sociales a lo largo de todas las entidades del país, sobre su economía del hogar y ocupación; seguridad alimentaria; salud mental; cambios en el bienestar; y acceso a programas sociales y de bienestar.

Luego de tres meses, los resultados presentados ayer por la tarde arrojaron, en resumidas cuentas, lo siguiente:

El confinamiento por COVID-19 registra mayores afectaciones en hogares con niños, niñas y adolescentes, razón por la que la proporción de hogares con niños que cuenta con acceso seguro a alimentos sanos, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos nutricionales es de 21 por ciento, 12 por ciento menos que en los hogares compuestos exclusivamente por adultos.

Respecto a la salud mental, si bien los parámetros en las preguntas no eran aplicables con niños, en términos generales más del 30 por ciento de la población mayor de 18 años presentó síntomas de ansiedad, sin embargo el porcentaje de personas con síntomas severos es de 35 por ciento en los hogares con dos o más niños y de 27 por ciento en los hogares sin ellos.

Por otro lado, sólo un 84.8 por ciento de los hogares con menores recursos reportó que sus niños habían seguido las clases a distancia, en comparación a un 90.7 por ciento en los estratos de mediano ingreso y 95.1 por ciento en los de alto ingreso. Lo que indica que 1 de cada 6 niños, niñas y adolescentes de menores recursos, no tomó clases a distancia durante el ciclo escolar anterior, factor que apunta a un potencial incremento de las brechas de desigualdad en el país y se vuelve más preocupante al considerar que, cuando se trata de población indígena, tan solo el 6.9 por ciento de niños y niñas se pueden considerar no pobres y no vulnerables.

Entre las secuelas sociales que se estiman con base en los resultados antes planteados y competen a la UNICEF se encuentran:

  • La posibilidad de un aumento en el trabajo infantil y adolescente (5 a 14 años).
  • La deserción o abandono escolar.
  • Violencia a niñas y niños del tipo sexual, corporal y económico.
  • Pobreza moderada y extrema.

Considerando lo anterior, la UNICEF ofrece las siguientes recomendaciones no solo al gobierno federal, sino también al estatal y municipal:

Para garantizar seguridad alimentaria

  • Extender los programas sociales donde se involucren o que estén dirigidos a los niños, ampliar los montos bajo el entendido de que estos son insuficientes para el contexto histórico actual, y ampliar el número de beneficiarios, pues si bien los resultados de la encuesta revelaron que una de cada dos familias ya pertenece a un programa, esto puede representar el vaso medio lleno pero también medio vacío porque aún existe una mitad sin apoyo.
  • Establecer una renta básica ciudadana y mínimo solidario en apoyo a todas las familias que quedaron sin empleo o disminuyeron sus ingresos.
  • Robustecer el programa de abasto social.
  • Precios de garantía para los agricultores.
  • Continuar con una estricta vigilancia de precios por parte de la PROFECO.

Para garantizar la educación

  • Fortalecer estrategias para otras modalidades que encajen con los grupos más vulnerados.
  • Programas de becas monetarias.
  • Ahondar en las brechas tecnológicas y sociales.
  • Centrar, proteger y fortalecer programas sociales como, “Jóvenes escribiendo el futuro”.

Para garantizar la salud

  • Campaña nacional de vacunación en cuanto termine el confinamiento, ya que el 39.7 por ciento de los hogares reportaron haber dejado de vacunar a sus hijos a raíz de la pandemia.
  • Promoción de la lactancia materna.
  • Servicios de salud mental preventivos y curativos.
  • Fortalecer el sistema de salud.

Así mismo, las instituciones celebraron la creación de la nueva asignatura de vida saludable, pues aseguran que es la primera vez en la historia que tanto niños como padres tendrán un acceso tan a la mano a este tipo de contenido en las escuelas, lo que resulta indispensable en estas épocas de contingencia, y recalcaron que aunque los contagios bajen no se debe bajar la guardia pues, aún con el fin de la pandemia, habrá un alto impacto en la desigualdad social que aqueja al país.