Sergio Ferrer

Al conmemorarse 11 años de la ejecución extrajudicial de Armando Chavarría Barrera, quien fungía como diputado Presidente de la Comisión de Gobierno de la 59 Legislatura del Congreso de Guerrero, familiares, organizaciones y activistas señalaron que la FGR se negó a atraer la investigación del crimen, mientras que la Fiscalía General de Justicia de Guerrero no ha mostrado interés por investigar ni resolver el caso.

En noviembre de 2019, Martha Idalia Obezo, viuda de Chavarría solicitó por escrito al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, atraer el caso sin embargo un mes después, la Fiscalía General de la República (FGR) se negó, argumentando que no es de su competencia y que no existen mecanismos e instancias para impulsar la investigación.

Actualmente, se encuentra en trámite un juicio de amparo indirecto, promovido ante el Juzgado Décimo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, en contra de la negativa de la FGR de atraer el caso de Armando Chavarría Barrera, porque se considera que su negativa es injustificada y será un Juez federal quien lo determine.

Para las personas demandantes de justicia, la FGR debió atraerlo entre otras cuestiones porque: el expediente del caso, desde su inicio abrió la línea de investigación de delincuencia organizada, delito que es de competencia federal, también por ser un delito que afecta, limita o menoscaba el derecho a la libertad de expresión.

Armando Chavarría Barrera fue catedrático de la UAGro, diputado federal, senador por el PRD, en el 2005 fue designado Secretario General de Gobierno por el gobernador Zeferino Torreblanca. En 2008, renunció a la Secretaría de Gobierno y a finales de ese mismo año, fue Diputado Local y presidente de la Comisión de Gobierno a la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, cargo que desempeñó hasta el día de su homicidio.

Fue ejecutado extrajudicialmente el 20 de agosto de 2009, en la ciudad de Chilpancingo, recibió diez impactos de bala en el interior de su automóvil: siete disparos de un arma calibre .380 y tres de una pistola calibre 9 milímetros, uno de los cuáles fue un tiro de gracia en la frente. Días antes, se le había retirado los escoltas por parte del Gobierno del Estado que se le habían asignado para su seguridad personal.

La Fiscalía local abrió cuatro líneas de investigación: Delincuencia organizada, Grupos armados, Entorno familiar, Entorno político. En un afán de justificar su trabajo y contener la presión social, en el año 2011 ejerció acción penal en contra de cuatro supuestos integrantes del grupo guerrillero denominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), misma que fue desechada por el Juez federal , quedando las investigaciones estancadas desde entonces, señala el comunicado difundido.

Martha Obezo en el Congreso de Guerrero

Martha Obezo reclama que: “Hay un olvido institucional del caso, pretendiendo borrar la relevancia política y social de Armando Chavarría Barrera, y con ello, la trascendencia y alto grado de reclamo por su crimen, ya que éste sucedió cuando fungía como Presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, el órgano que ostenta la máxima representación popular, generador de las normas con rango de ley y controlador y fiscalizador de la acción del gobierno; pero también el espacio de debate público por excelencia, de expresión y defensa de las ideas, por lo que con la privación de su vida se causó también un agravio social”.

Para organizaciones de derechos humanos y luchadores sociales, hay una complicidad institucional, al ocultar la verdad y encubrir a los autores materiales e intelectuales, debido a que se han dado a conocer indicios de que en la planeación y comisión de la ejecución extrajudicial de Armando Chavarría Barrera, existió la participación de servidores públicos estatales de Guerrero, sin que hasta esta fecha se haya seguido esa línea de investigación y, por el contrario, las autoridades estatales se han dedicado a entorpecer, impedir y alterar las investigaciones del caso, como lo manifestó el Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero en aquél entonces, Alberto López Rosas, el 18 de agosto del 2011, quien señaló al gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo de haber ordenado la sustracción del expediente del homicidio del diputado Chavarría Barrera, con el propósito de “borrar evidencias”, de lo cual quedó constancia en los diversos medios de comunicación.

Esto significa, que los gobernantes que han transitado, todos, después del 2009, se han vuelto cómplices de este artero crimen al ignorar estos elementos, apunta el texto.

En su posicionamiento los firmantes lamentan también que “la justicia retardada, es justicia denegada… y resulta indignante que las víctimas y ofendidos del delito tengamos que recurrir a mecanismos legales para lograr que las autoridades asuman sus obligaciones de hacer investigaciones altamente éticas y profesionales, que pongan fin a la impunidad”.

El texto viene firmado por Martha Idalia Obezo C. Vda. de Chavarría, el Centro de derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello, Centro de derechos humanos de la montaña Tlachinollan, Centro regional de derechos humanos José María Morelos y Pavón, Movimiento por la paz con justicia y dignidad, Aliadas por la justicia a.c., Organización Campesina de la Sierra del Sur, Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Frente Guerrero Por Nuestros Desaparecidos así como activistas y defensores de derechos humanos, Abel Barrera Hernández, Diacono José Filiberto Velázquez Florencio, Teodomira Rosales Sierra, Hegel Mariano Ramírez, Diana Hernández Hernández, Sofía Lorena Mendoza Martínez, Angélica Rodríguez Monroy, Guadalupe Rodríguez Narciso, Lorena Reza Garduño, Emperatriz Basilio Goytia, José Enrique Gonzalez Ruiz, Nicomedes Fuentes García, Magdiel Sánchez Quiroz, Gerardo Gómez Mureddu, Norma Adriana Garduño Salazar.