Ciudad de México. 5 de marzo de 2020.

Sergio Ferrer

Rode Soralla Procopio Lara, es originaria de Atitlan, municipio de la región Mixe de Oaxaca, es licenciada en Comunicación Comunitaria, durante la presentación del Estudio sobre el Marco de Protección de los Derechos de las Personas Indígenas con Discapacidad en las comunidades Maya, Otomí y Tarahumara de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), demandó respeto, verdadera inclusión y no discriminación en contra de las personas indígenas con discapacidad.

“Hay personas con discapacidad que viven con miedo, que desconocen sus derechos, que enfrentan diariamente conductas de personas que no nos respetan, que nos miran feo o peor, sienten lástima; sí se requiere ayuda, pero también podemos y buscamos desarrollarnos de forma independiente en la vida”, señaló durante su participación en ayuuk y castellano.  

La joven que tiene debilidad visual, dijo que la vida en la comunidad es difícil; las autoridades no nos toman en cuenta, no hay escuelas especializadas, no hay maestros. ¿Qué hace el gobierno? Preguntó a la audiencia, “no encontramos algún programa de educación o que permita el desarrollo de trabajos comunicativos de personas con discapacidad, en mi caso, existe un rechazo de las instituciones educativas, no me dan trabajo porque dicen que no puedo enseñar, pero no soy sólo yo, así pasa con las mujeres de los ranchos, las amas de casa y en los distintos ámbitos; es difícil salir adelante”.

Rode relató que hay personas que no cuentan con ningún apoyo, “nosotras somos tres, otra de mis hermanas también tiene debilidad visual, nuestra familia nos apoya, pero debemos luchar por ser autónomas porque habrá un momento en que no estarán”.

Criticó que hay trabajadores del Gobierno encargados de censar a las personas con discapacidad que en su región, les han negado el apoyo, el cual aunque no abarca todas sus necesidades, si les sería útil, pero la excluyen “ella no necesita, ella puede andar, usar la computadora, no tiene discapacidad”, dijo el señor que le negó poder acceder al apoyo gubernamental del Gobierno de México. La joven reprochó la falta de sensibilidad, además de proclamar que las personas con discapacidad no deben estar aisladas o sin derecho a salir, a viajar, a vivir dignamente.

Nazaria Díaz Gómez, Erica Jiménez Díaz, Diana Jiménez Vázquez, Soralla Procopio Lara, fueron las mujeres indígenas de Oaxaca que participaron en el conversatorio que moderó Alva Ruíz y que fue presentado por Germán Bautista, quien leyó en Braille.

Diana, mujer con ceguera, pidió para su comunidad trabajo, escuelas y talleres para poder desarrollar sus actividades. Erica, joven con síndrome de down, aseguró que se siente feliz, que practica canto y danza pero que le gustaría tener un cargo en su pueblo, prestar servicio comunitario como autoridad.

Después del panel de las mujeres indígenas con discapacidad, representantes de dependencias tomaron la palabra. Joaquín Alva-Ruíz Cabañas, del Programa de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad de la CNDH, recordó que parte de las obligaciones del Estado mexicano de acuerdo al marco internacional es que las personas en condiciones de vulnerabilidad sean titulares de derechos más allá de meros receptores de beneficiencias.

Acotó que se deben garantizar condiciones de participación significativa y que de acuerdo a observaciones hechas por la ONU a México, debe existir un desarrollo enfocado al ámbito comunitario rural que elimine desventajas agravadas de las mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores en condiciones de pobreza extrema, que consideren también, sus opiniones.

Violeta Hernández Andrés, mujer chololteca, funcionaria del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, indicó que la concurrencia de factores de vulnerabilidad que representa ser mujer indígena con discapacidad, debe ser una de las líneas de trabajo de la instancia, que permita a las mujeres ser autónomas luchando en contra de los estereotipos, promoviendo el ejercicio pleno de sus derechos.

Israel Martínez Ruíz, representante de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, recordó que según la encuesta intercensal del 2015, habitan en la ciudad alrededor de un millón de personas indígenas, de las cuales 130 mil son hablantes de lenguas indígenas. De este grupo, hay hablantes de 55 de los 68 idiomas indígenas que se hablan en México y el 55 por ciento son nacidas en la capital.

Martínez informó que el estudio es un instrumento que se incluirá en el Programa especial de pueblos indígenas que formará parte del Plan general de gobierno a 20 años, que presentará la actual administración encabezada por Claudia Sheinbaum.

Reconoció que no se cuenta con muchos datos estadísticos y que es un mandato a la Agencia de Innovación Pública que incluya en los cuestionarios de todos los programas la pregunta de la pertenencia étnica.

Lo anterior se espera que pueda verse reflejado en presupuestos que permitan acciones contundentes.

Por su parte, el Primer visitador de la CNDH, José Martínez, concluyó recordando que existían políticas antidiscriminación que no se ejecutaban o que eran todo lo contrario o bien, que se volvían letra muerta, argumentó que resulta necesario conocer la diversidad para el acceso pleno a los derechos humanos y que muchas veces las mujeres han tenido que irrumpir en los espacios para defender sus derechos ante la violencia institucional.

Al inicio del evento, la titular de la CNDH, Rosario Piedra, inauguró la conversación donde señaló que las personas indígenas con discapacidad han estado excluidas del progreso social, de la educación, del trabajo, se les ha vedado, un rezago social que se acentúa.

El Estudio, señala que las personas con discapacidad frecuentemente enfrentan discriminación interseccional, lo que hace referencia a la concurrencia de condiciones que agravan la situación de vulnerabilidad de una persona o grupos de personas. Esta concurrencia puede darse cuando se pertenece a un grupo indígena, se vive en condición de pobreza y se es persona con discapacidad, lo que configura formas agravadas de vulnerabilidad y potencializa el riesgo de experimentar discriminación.

Los lugares a visitar respondieron a criterios de ubicación geográfica de las regiones norte, centro y sur del país con mayor porcentaje de población indígena. Se seleccionaron tres entidades federativas de las nueve donde se aglutinan los 624 municipios con mayor concentración de población indígena según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), estas son, Chihuahua, Hidalgo y Yucatán, y cuyas poblaciones seleccionadas fueron las tarahumaras, otomíes y mayas. Entrevistaron a 22 personas.

Mediante las visitas realizadas se observó que las personas con discapacidad continúan siendo un grupo invisibilizado, y en las comunidades incluidas en este estudio no existen programas o acciones específicos destinados a mejorar el ejercicio de sus derechos. Esta situación evidencia la discriminación estructural a que se enfrentan.

En cuanto a las instituciones, el Estudio señala que únicamente se encontró un convenio entre  CONADIS e INPI, por lo que es necesario desarrollar mecanismos de intervención pública, pero sobre todo de coordinación intergubernamental.

PROPUESTAS ESPECÍFICAS

65. Derivado de los objetivos perseguidos durante la realización de este estudio, a continuación, figuran algunas propuestas focalizadas, estructuradas de acuerdo al acceso a los criterios revisados conforme a los cinco derechos, para las o los titulares de la Secretaría de Bienestar, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Consejo Nacional para la Inclusión y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad e Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

 Derecho a la salud.

PRIMERA. Es necesario adoptar medidas para garantizar el derecho al más alto nivel posible de salud a las personas con discapacidad habitantes de comunidades indígenas o rurales, por esta razón, este Organismo Nacional propone que el sector salud realice los diagnósticos oportunamente, con atención adecuada, intervención efectiva y canalización eficiente, con el objetivo de que éstas no experimenten deterioros derivados de la prestación insuficiente o negligente del servicio de salud.

SEGUNDA. Se propone al sector salud que, tanto los programas de salud como la autorización para realizar procedimientos médicos a las personas indígenas con discapacidad, con especial atención en las mujeres indígenas con discapacidad, se realicen en apego a los criterios de accesibilidad física, información y comunicación, abarcando las fases de prevención e intervención, mediante información accesible, mecanismos que garanticen el consentimiento informado, y capacitación al personal de salud que les permita librar las barreras debidas a los prejuicios de género y discapacidad, así como a las barreras de comunicación con perspectiva cultural, étnica y lingüística.

Derecho a la habilitación y rehabilitación.

ÚNICA. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos propone que el gobierno propicie el acercamiento de herramientas que permitan generar y/o fortalecer las capacidades comunitarias para responder a las necesidades de las personas con discapacidad que no requieran de alta especialización, a través de esquemas fundamentados en la Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC), así como de la recuperación y puesta en marcha de conocimientos basados en la sabiduría tradicional, debidamente documentados y monitoreados por el servicio de salud gubernamental.

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.

ÚNICA. A fin de que existan mejores condiciones de vida para las personas con discapacidad en las comunidades rurales y los pueblos indígenas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos propone que los gobiernos adopten una perspectiva de doble vía, focalizando esfuerzos para asegurar la igualdad de oportunidades y transversalizando acciones que aseguren su participación e inclusión plenas. Desde este enfoque, se hace necesario trabajar en dos vertientes principales:

1. En el ámbito privado o personal, a través de:

a) Atención oportuna y específica de su condición de salud;

b) Dotación de apoyos materiales, económicos y humanos para propiciar su funcionalidad y autonomía;

c) Fortalecimiento psicológico y capacitación para su empoderamiento y participación en la comunidad.

2. En el ámbito público o colectivo, mediante:

a) Campañas de toma de conciencia para hacer visibles sus capacidades, sus aportes y sus derechos;

b) Cumpliendo y haciendo cumplir el principio de accesibilidad a espacios públicos y privados, así como al transporte, la comunicación y la información, al máximo de los recursos disponibles y conforme al principio de progresividad de los derechos humanos;

c) Desarrollando mecanismos legales eficaces de denuncia, vigilancia, sanción y reparación a fin de asegurar el respeto y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

 Derecho a la educación.

ÚNICA. Ante el escaso número de centros escolares en las comunidades visitadas, esta Comisión Nacional propone el diseño de modelos que respondan de manera inmediata a esta necesidad, atendiendo a los requerimientos específicos de las personas con discapacidad, mediante personal docente especializado, materiales didácticos y centros educativos accesibles respetuosos del ambiente, la cultura y cosmovisión de las personas indígenas. Al respecto, la educación a distancia, la educación para adultos y los capacitadores comunitarios tienen un papel fundamental en la materialización de este derecho, a través de propuestas personalizadas dirigidas a las personas con discapacidad con mayores requerimientos de apoyo.

 Nivel de vida adecuado y protección social.

ÚNICA. Respecto al derecho a la protección social, esta Comisión Nacional estima determinante que las personas con discapacidad tengan acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas, tales como alimentos, vestido y apoyos para su funcionalidad, autonomía y vida independiente. Por lo que propone de manera prioritaria que los gobiernos, aseguren el acceso a servicios básicos, tales como luz, agua potable, drenaje, así como a programas complementarios de apoyo para su subsistencia, ya que ello redundará en una mayor calidad de vida. Del mismo modo, constituye una asignatura pendiente la dotación de recursos para quienes asumen el papel de cuidadoras o cuidadores permanentes de las personas con discapacidad, así como el desarrollo de opciones comunitarias de vivienda para aquellas personas con mayores requerimientos de apoyo, en abandono o en riesgo de estarlo en comunidades rurales y pueblos indígenas.

 Trabajo y empleo

ÚNICA. Se encontró una gran preocupación en las personas entrevistadas debido a la falta de oportunidades para allegarse de recursos que les permitan el acceso a una vida digna y con calidad. Del total de personas con discapacidad entrevistadas, ninguna se encontraba realizando actividades remuneradas al momento de la presente investigación. Por ello, esta Comisión Nacional propone al Estado mexicano llevar a cabo actividades de toma de conciencia que hagan manifiestas las capacidades y los aportes de las personas indígenas con discapacidad, así como la capacitación para el autoempleo y la creación de actividades productivas económicamente remuneradas, respetuosas de sus usos y costumbres.

ÚNICA. Finalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomienda a las instancias de gobierno y del Estado mexicano correspondientes a realizar investigaciones y estudios a profundidad que permitan conocer las condiciones que experimentan las personas con discapacidad en las comunidades rurales y los pueblos indígenas, enfocándose en sus condiciones y características específicas, con el propósito de identificar las causas comunes y ofrecer soluciones posibles ante las situaciones de exclusión que enfrentan en estos contextos, con la finalidad de contar con elementos que permitan generar estrategias para:

 Desarrollar políticas públicas y legislativas para su adecuada atención desde los tres órdenes de gobierno.

 Incorporar la perspectiva de derechos humanos hacia la atención de las personas con discapacidad y la plena inclusión en sus comunidades.