Fuente: MiningWatch Canada — Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA) — Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) — Otros Mundos Chiapas

(Ottawa, Chiapas | 23 de enero de 2023) La Corte Suprema de Canadá se ha negado a escuchar una apelación de la familia del defensor del medio ambiente mexicano asesinado Mariano Abarca, cerrando efectivamente la puerta en Canadá a cualquier investigación sobre el papel que la diplomacia canadiense pudo haber jugado en poner en peligro la vida de Mariano.

Mariano Abarca, un líder comunitario en la lucha contra los impactos sociales y ambientales de las operaciones mineras canadienses en Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado en 2009. Creyendo que el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire Exploration puso a Mariano en mayor riesgo en las semanas y meses previos a su asesinato, su familia presentó una queja bajo la ley de denunciantes de Canadá en 2018. Ignorando más de 1000 páginas de pruebas que documentaban las acciones de la Embajada en apoyo a la empresa, el Comisionado de Integridad para la Administración Pública de Canadá -cuya responsabilidad es examinar denuncias y garantizar la confianza en el sector público- se negó a abrir una investigación.

Tras una revisión judicial, un juez del tribunal federal admitió que “quizás no hubiera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”. No obstante, los recursos presentados contra la decisión del Comisionado no consiguieron que se abriera una investigación, y el 12 de enero del presente año la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación presentado por la familia.

Dado que los mecanismos de rendición de cuentas en Canadá le han fallado a la familia de Mariano Abarca, ésta ahora acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia.

«Hemos agotado todas las vías para llegar a la verdad en Canadá», afirma José Luis Abarca, hijo de Mariano. «Mi padre fue asesinado hace 13 años y, hasta el día de hoy, no estamos más cerca de comprender el papel que los funcionarios canadienses pudieron haber desempeñado en poner en peligro su vida. Mientras no se investiguen las acciones de estos funcionarios canadienses, las embajadas de Canadá en todo el mundo seguirán prestando un importante apoyo diplomático a empresas mineras canadienses, probablemente poniendo en peligro las vidas de otros defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Es hora de que recurramos a organismos internacionales para que Canadá rinda cuentas».

La decisión de la Corte Suprema menoscaba el derecho de acceso a la justicia de los defensores del medio ambiente, según los abogados

El asesor jurídico de la familia, Nicholas Pope, afirma: «Al negar la autorización para apelar, la Corte Suprema de Canadá ha puesto fin a la posibilidad de una investigación administrativa y judicial canadiense sobre las irregularidades cometidas por funcionarios canadienses en el caso de Mariano Abarca.  La integridad de los procedimientos de revisión ética de Canadá en sus actividades internacionales es un asunto que preocupa enormemente a los canadienses. Es lamentable que la Corte haya cerrado esta puerta».

Shin Imai, del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP por sus siglas en inglés), afirma: «Este caso va más allá de una mera investigación de los actos y omisiones de funcionarios canadienses de la embajada en México. Si el recurso hubiera sido aprobado por la Corte Suprema, habría sido la primera vez que el deplorable sistema denunciantes de Canadá hubiera sido omitido al escrutinio de la más alta Corte– con importantes implicaciones para la democracia, la transparencia y el problemático apoyo diplomático de Canadá a las empresas canadienses en el extranjero.»

El gobierno canadiense sigue dando prioridad a las empresas en detrimento de los derechos humanos

En 2022, el valor de los activos mineros canadienses en el extranjero ascendía a 188.000 millones de dólares– activos propiedad de empresas que reciben un importante apoyo financiero y diplomático del gobierno canadiense.

La profesora Charis Kamphuis, también de JCAP, afirma que la diplomacia económica puede tener repercusiones negativas sobre los derechos humanos y estar en contradicción con las obligaciones internacionales de Canadá. Ella afirma que «los funcionarios canadienses ofrecen un sólido apoyo político para promover los intereses mineros canadienses en el extranjero y a menudo no respetan las propias políticas canadienses de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente amenazados». «Lamentablemente, en el caso de Mariano Abarca, los tribunales canadienses no quisieron tomarse en serio esta cuestión y exigir una investigación de las acciones de los funcionarios canadienses».

Gustavo Castro, de Otros Mundos Chiapas y de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), ha trabajado con la familia Abarca desde antes del asesinato de Mariano.  Según él, «la negativa de la Corte Suprema de Canadá a escuchar esta apelación es decepcionante y reafirma nuestra percepción de hasta qué punto las autoridades canadienses están capturadas por los intereses de sus empresas mineras. Este caso trata del asesinato de Mariano Abarca en México, pero también de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que protegen su tierra y su agua de los daños causados por las explotaciones mineras canadienses en América Latina y en todas partes».

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