La Dekonstrucción

El Congreso de Guerrero realizó esta semana un periodo extraordinario de sesiones para aprobar la respuesta a la “observación total” que realizó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al decreto 183 con el que se reformó la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y aprobar reformas constitucionales, así como a leyes en materia de violencia de género.

En el primer caso, a pesar de que la respuesta aprobada por el Congreso de Guerrero señala que se “se acepta parcialmente la Observación Total” de la gobernadora, se trata únicamente de señalamientos en la estructura de la ley, temas de forma que no modifica en lo absoluto el sentido de lo aprobado por el pleno el 24 de mayo pasado.

Pero la principal observación por tener “inconsistencias importantes en su estructura” debido a que no se tomó como base la ley que estaba vigente antes de la reforma de 2018, y por el contrario el referente que se tomó fue precisamente la ley invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esa no fue aceptada por la mayoría de los diputados quienes determinaron mantener en sus términos el decreto 183.

Esta respuesta fue enviada nuevamente al Ejecutivo Estatal para que sea publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en un plazo de 10 días, si no se hace así este se dará por promulgado, y según lo que señala la ley orgánica del Poder Legislativo, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso puede ordenar su divulgación en este medio gubernamental.

Con esta respuesta del Congreso de Guerrero, se confirmó la reforma en materia de seguridad indígena y afromexicana, con las que se eliminaron de la ley 701 el sistema de reeducación, y la policía comunitaria que fue sustituida por “indígena o afromexicana”, la cual se subordina a ser auxiliar de las policías y otras corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Otras reformas aprobadas

En este periodo extraordinario se aprobó un dictamen de adición a la ley orgánica del Poder Legislativo, para que una vez realizada la toma de protesta de la persona que asuma la gubernatura, ésta emita un pronunciamiento donde establecerá las posturas ideológicas, políticas y administrativas que conducirán su mandato, y después las representaciones y grupos parlamentarios tengan la facultad de fijar postura respecto a esta conducción de gobierno, ya que actualmente esto es solo una posibilidad que debe ser aprobada por la Jucopo.

Otra reforma importante aprobada en el Congreso de Guerrero fueron las reformas a la Ley de Participación Ciudadana del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para reducir a 0.2 el porcentaje requerido de la lista nominal de electores vigente para acceder al derecho ciudadano de iniciar o promover leyes o decretos a través de la iniciativa popular.

Y se reformó la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado, para que en el caso de las adquisiciones se dé prioridad a los proveedores de Guerrero de por lo menos una tercera parte. 

La agenda de género 

Como un primer paso del Congreso para prohibir los matrimonios forzados en los que menores de edad son sometidos a uniones acordados por los padres, y en los que principalmente son afectadas niñas y adolescentes, el miércoles fue aprobada una reforma a la Constitución del estado en el que se modifican tres artículos para establecer la responsabilidad del Estado y la sociedad sobre la protección del menor sobre cualquier uso y costumbre.

La importancia de reconocer en la Constitución los derechos de las niñas, niños y adolescentes es precisamente que estos no sean inferiores a los usos y costumbres, y no se queden únicamente en leyes reglamentarias.

También aprobaron reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir la violencia obstétrica como toda acción u omisión de profesionales y personal de la salud, tanto del ámbito público como el privado, que cause daño o perjuicio físico, sexual, psicológico y de cualquier índole a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio.

En esta reforma se incluyó la falta de acceso, manipulación o negación de información; las prácticas que violenten la intimidad de las mujeres a través de tocamientos o exhibiciones innecesarias a sus cuerpos; ausencia o falta de aplicación de protocolos de actuación, políticas públicas, reglamentos y acciones en espacios públicos dirigidas al cuidado de las mujeres en estas etapas y de aplicación de protocolos de actuación, políticas públicas, reglamentos y acciones en espacios públicos dirigidas al cuidado de las mujeres cuyos productos nacen muertos, entre otras.

Receso legislativo

Actualmente el Congreso está en periodo de receso por lo que solo sesiona la Comisión Permanente que la conforman solo 12 de los 46 diputados locales, una vez a la semana, este miércoles la diputada perredista Gabriela Bernal Reséndiz presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre para incluir la perspectiva de género y el lenguaje incluyente dentro de los artículos que competen a la elección y candidaturas de comisarías y delegaciones municipales, para que se hable de mujeres y hombres para quitar las limitaciones por cuestión de sexo o género, ya que en algunos municipios aún se niega el derecho de las mujeres a participar justificando este hecho en usos y costumbres.

El pasado lunes, diputadas integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género realizó el foro “La Fuerza Política de las Legisladoras Mexicanas”, en el que además del balance sobre los avances en la paridad y la participación de las mujeres en cargos públicos, y la implementación de políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres, también surgieron importantes propuestas en la materia que las legisladoras se comprometieron a retomar.

Una de las principales, fue el que el delito de violencia política en razón de género sea considerado como una causal de nulidad de la elección, esto, para que casos como el que sucedió en Iliatenco donde hubo se confirmó la comisión de esta infracción, pueda ser invalidado el proceso desde el Tribunal Estatal Electoral (TEE).

También que las acciones afirmativas que los órganos electorales como el INE y el IEPC establecieron en el pasado como la declaración 3 de 3 en materia de violencia de género ya queden establecidas en la legislación electoral; que los partidos políticos reformen sus estatutos, declaración de principios y plan de trabajo para prevenir la violencia de género y garantizar la participación igualitaria de las mujeres, así como crear áreas especializadas para atender estas irregularidades.

Y en el caso del Congreso de Guerrero que se garantice que las diputadas ocupen paritariamente presidencias de comisiones importantes, y coordinen grupos parlamentarios para que puedan tener presencia en la Jucopo como órgano político de dirección.