Chilpancingo

A pesar de que el Congreso de Guerrero tiene decenas de temas pendientes por desahogar entre ellos importantes nombramientos como la del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), se lograron avances importantes como la despenalización de la interrupción del embarazo con lo que se garantiza el acompañamiento hasta las 12 semanas de gestación por parte del sector Salud, así como la creación de los cuatro nuevos municipios tras una lucha de más de 20 años.

El 15 de julio concluyó el segundo y último periodo ordinario de sesiones del Congreso de Guerrero -de su primer año legislativo- en el que los trabajos en este poder se concentraron en cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de consultar a las poblaciones indígenas y afromexicanas y realizar nuevas reformas ya que invalidó las realizadas en 2018.

El 12 de abril, finalmente en el penúltimo día del plazo para aprobar la ley 179 del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el que se reconoce el sistema de seguridad comunitario, más no su sistema de reeducación y justicia.

Los diputados votaron a favor por unanimidad este ordenamiento y así evitaron que Guerrero se quedará sin legislación en la materia, lo que generaría que las corporaciones estatales y municipales se quedarán sin respaldo legal en todas sus acciones.

Pero para su entrada en vigor se debe publicar en el Periódico Oficial del gobierno del estado, y así ocurrió el 14 del mismo mes, pero con una modificación total a un artículo transitorio que cambiaba parte importante del sentido del decreto, semanas después se corrigió, pero aún se desconoce quién fue el responsable de la alteración, ya que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo afirman que no son los responsables.

En atención también al mandato de la Corte, el Congreso aprobó las reformas al artículo 14 de la Constitución y su ley reglamentaria la 701 de Reconocimiento y Cultura de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que aún está por ser revisada por el máximo tribunal de justicia del país. 

Estas reformas fueron aprobadas el 24 de mayo con 36 votos a favor, uno en contra, con las que se eliminaron del artículo 14 constitucional y la ley 701 el sistema de reeducación, y la policía comunitaria que fue sustituida por “indígena o afromexicana”, la cual se subordina a ser auxiliar de las policías y otras corporaciones de los tres niveles de gobierno.



Interrupción Legal del Embarazo

El 17 de mayo, después cinco legislaturas -que se traduce en 15 años- en las que se había presentado la iniciativa en el Congreso de Guerrero, diputadas y diputados locales lograron aprobar la propuesta de reformas con las que se deja de penalizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

TODAS LAS VOCES CUENTAN EN EL CONGRESO

Este dictamen de reformas al Código Penal del estado tuvo 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y uno nulo, con la mayoría de los votos de Morena y PRD, aunque también hubo una priista que mostró el sentido de su voto, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género Gabriela Bernal Reséndiz.

Con esta reforma, el Poder Legislativo logró un avance importante en el cumplimiento de las recomendaciones de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio comparado, dictada a la entidad desde el 5 de junio de 2020 después de que el Estado no demostró avances en la protección de la vida, integridad y seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes guerrerenses.

Con esta reforma se despenaliza el aborto cuando éste es decisión de las mujeres, y se mantienen penalidades para quienes obliguen a mujeres a interrumpir su embarazo, las cuales incrementan en caso de que haya violencia de por medio; también se precisa la obligación del sector Salud para dar acompañamiento en el procedimiento hasta las 12 semanas de gestación.

En este periodo ordinario de sesiones que terminó, también se concluyó el trámite legislativo para la creación de los cuatro nuevos municipios dando lectura al informe, certificación, acuerdo y declaratoria de aprobación de la mayoría de los ayuntamientos del estado a favor de la adición de Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Nu’ Savi y Las Vigas al artículo 27 de la Constitución Política del estado, pasando Guerrero de tener 81 a 85 demarcaciones.

Los diputados locales aprobaron reformas a la Ley de Entrega Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Guerrero con las que se pretende dotar de mayor certeza y seguridad jurídica a este proceso de rendición de cuentas, estableciendo relaciones de responsabilidad a cada una de las personas que intervienen en este proceso, para que quienes participen busquen que no haya irregularidades y así evitar sanciones.

También el 30 de marzo pasado, por mayoría de votos, los diputados aprobaron la creación de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guerrero, como un Organismo Público Descentralizado (OPD) “especializado e imparcial con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria de decisión y de gestión”.

Este estará sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión social, para realizar el servicio público de conciliación laboral para resolver de conflictos entre trabajadores y patrones en asuntos locales tras la presentación de una demanda ante el tribunal laboral y facilitar “la justicia expedita”.
Con debate previo y señalamientos por no respetar el principio de paridad en la integración del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el pleno del Congreso local ratificó con 40 votos a favor y cuatro contra la propuesta de magistrado enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para designar en el cargo a Ricardo Salinas Sandoval.

Los pendientes

El pasado 20 de junio se cumplieron 11 meses sin que el pleno del Poder Legislativo haya nombrado al titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que es precisamente el órgano técnico que se encarga de realizar una de las principales funciones del Legislativo que es la fiscalización de los recursos públicos en Guerrero.

Desde el pasado 20 de julio concluyó el periodo al frente de esta dependencia del ex auditor Alfonso Damián Peralta, y el procedimiento de selección y designación del nuevo titular no ha concluido en el Poder Legislativo, y los trabajos los han encabezado al menos tres encargados de despacho.

Otros nombramientos pendientes son los de los titulares de los órganos internos de control del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), del Tribunal de Justicia Administrativa (TSJA), y de una comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (ITAIGro), en este espacio debe ser designada una mujer.

Los procedimientos para estas designaciones se iniciaron en la pasada legislatura, sin embargo, estos no se concluyeron a pesar de que se realizaron las entrevistas a los aspirantes, y supuestamente había dictámenes para cada uno de los casos y que estos quedaron a resguardo de la Mesa Directiva y en los siete meses y medio ninguno se ha aprobado.
También están pendientes los nombramientos de un consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, y otro del Consejo de Políticas Públicas, ambos procedimientos quedaron pendientes desde la 62 legislatura.

Otro tema importante que no se ha desahogado es la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Desaparecidos la cual no se ha dictaminado por parte de la Comisión de Justicia, y para la cual se han realizado al menos cinco reuniones interinstitucionales.