El secretario de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Javier Rojas Benito, informó de los casos de violencia contra mujeres indígenas en Cochoapa el Grande que “se ha entregado a las menores detenidas a sus familiares y a las instituciones (Dif-Gro y Semujer) para su atención psicológica y médica inmediatas”.

El caso de violencia sexual contra una menor de edad por parte de de suegro, su encarcelamiento y de sus hermanas, así como un aborto involuntario que sufrió la mamá por presuntas agresiones de policías comunitarios, logró ser difundido en redes sociales lo que provocó indignación en la sociedad y obligó a que las autoridades acudieran hasta la comunidad de Dos Ríos.

Rojas Benito publicó en su perfil que “aunque es muy difícil de cortar de un solo tajo los patrones de conducta ancestrales, hoy se sienta un precedente en la Coordinadora de Autoridades Comunitarias-Policia Comunitaria CRAC-PC de Dos Ríos, casa de justicia que aglutina a 43 comunidades de la parte baja del municipio” y que fueron las autoridades que encarcelaron a las niñas y habrían agredido a la madre de ellas.

Esto, a razón de qué firmaron un compromiso de ya no avalar ninguna venta-compra de niñas o matrimonio infantil forzado.

Para el diálogo con autoridades locales, policías comunitarios y atención a víctimas, acudieron además del funcionario, la maestra Cecilia Narciso Gaytán, titular de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero y el Presidente Municipal de Cochoapa el Grande Bernardo Ponce García.

La niña, sus tres hermanitas y su abuela, estuvieron privadas de su libertad 11 días en Dos Ríos, luego que el suegro quería se le devolviera el dinero que gastó para casarla con su hijo, esto ya que la niña se opuso a ser abusada por el agresor, habrían informado los familiares sobre el caso.

Entre los acuerdos que celebró la SAICA están que ambas partes se comprometen a no agredirse y el padre de Angélica “a ya no vender a sus otras hijas y de ser el caso se sujetará a las disposiciones aplicables legales al caso”.

Se dejó la posibilidad que la menor se junte con la pareja: “En este acto con el mutuo consentimiento de las partes, sin dolo ni mala fe, se comprometen respetarse, ya que se deja a salvo los derechos de la menor para juntarse con su pareja una vez cumpliendo mayoría de edad, quien se encuentra ausente”.

También, según fuentes, el pagaré firmado por el padre de Angélica a favor del padre de su pareja queda sin efecto “por inexistencia”. Y en general, se declara que las autoridades de Dos Ríos “manifiestan que de ninguna manera están de acuerdo con la venta de matrimonio infantil”.

Rojas Benito apuntó que se comprometieron a capacitar a policías comunitarios adscritos a la sede de la CRAC-PC en la zona, en materia de derechos humanos para ya no incurrir en estos actos.

“La menor recibirá atención psicológica y médica por parte del DIF Guerrero y de la Secretaría de la Mujer” y a través de la SAICA, asesoría jurídica.

En cuanto a los delitos que se pueden tipificar, las agraviadas pudieron acceder a comparecer ante las autoridades competentes, dijo el funcionario.