En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos, alertó sobre la situación de violencia que prevalece en comunidades del Ejido Guajes de Ayala, que también se dio a conocer a través de videos publicados por las personas afectadas.

A ESCASOS TRES MESES DE QUE CONCLUYA LA ADMINISTRACIÓN DE HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, SON MILES DE FAMILIAS VÍCTIMAS DE DEPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO, CIENTOS DE DESAPARECIDOS Y ASESINADOS Y UNA LARGA CADENA DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.

Desde el viernes 4 de junio el gobierno estatal y federal retirarón la base de operaciones mixta ubicada en la localidad de El Pescado que brindaba seguridad a los anexos del ejido de Guajes de Ayala y, como si de un diabolico plan se tratara, a los cuatro días, supuestos miembros de la familia michoacana atacaron varias localidades del ejido, dichos ataques se prolongarón por mas de 5 días.

Todo lo anterior se veía como algo lógico, ya que quienes conocemos la forma de actuar del gobierno en consonancia con los grupos de narco-paramilitares, por lo que al enterarnos de la salida de la Base de Operaciones Mixta de el Pezcado, era de esperarse un inminente ataque a las localidades mencionadas.

Cabe mencionar que, por nuestra parte, desde inicios del presente año advertimos del enorme riesgo de violencia que se avecinaba y, despues de que el 3 de abril fuera asesinado el comisario municipal de la localidad de Las Conchitas, municipio de San Miguel Totolapan, Carlos Marquez Oyorzábal, el 7 de abril sostuvimos una reunión con el subsecretario de derechos humanos y migración Alejandro Encinas, un alto funcionario de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, estando tambien presente personal de la CNDH donde tratamos el tema de la inseguridad que se vive en municipios como Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan, posteriormente, el 26 de abril acudío una comisión desde la sierra a la Ciudad de México para dar seguimiento a la petición de que se brindara seguridad a las poblaciones que se encuentran en alto riesgo, ese mismo día fueron recibidos por la Presidenta de la CNDH, la maestra María Rosario Piedra Ibarra y despues de casi un mes, el 20 de mayo tuvieron una reunión con un alto mando de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana para avanzar en la construcción de una ruta integral de pacificacióncon de la zona, por lo que, posteriormente se tuvo una reunión con el director de SEMARNAT y PROFEPA para tratar el tema de las irregularidades en el otorgamiento de los permisos para la explotación de la madera, pidiendo su interlocusión para contar con la intervención de la Guardia Nacional y el ejercito para detener la tala clandestina de los bosques por parte de los grupos de narco-paramilitares y que se establesca la Guardia Nacional en esos lugares para que se garantice la seguridad de todas y toda la población que siempre quedan en medio del fuego cruzado.

Hoy, después de lo ocurrido en localidades del ejido de Guajes de Ayala en los últimos días, vemos como de manera reiterada el gobierno Federal y Estatal minimizan la violencia, tratando de invisibilizarla, negando hechos que mantienen a mujeres, niñas, niños y ancianos hundidos en el terror, provocandoles secuelas psicologicas y psicosociales irreversibles y un rompimiento del tejido social que podría tardar decenas de años en reconstruirse, y esto nos advierte que la violencia en los diferentes municipios de la región de la Tierra Caliente, crecera aún más porque en el estado de Guerrero son cientos de miles de hectareas de maderas preciosas, yacimientos de oro y otros recursos naturales las que son codiciados por inversionistas y grupos de narco-paramilitares que actuan bajo el amparo de los tres niveles de gobierno.

Por la anterior las y los integrantes del Centro Morelos manifestamos que, como Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, no podemos esperar a que las víctimas pidan nuestro apoyo e interlocusión ante la grave violación a los derechos humanos que, por omisión cometen las autoridades tanto del gobierno Municipal, Estatal y Federal, desde nuestra experiencia lamentamos que varias familias de los diferentes municipios (Coyuca de Catalán y San Miguen Totolapan), pese al riesgo de perder la vida, hayan decididio permanecer en sus casas y no haceptar el desplazamiento, sin duda estan informadas del infierno que se vive como desplazados y las pocas posibilidades de que el gobierno federal y estatal generen condiciones de seguridad para poder retornar.

Hacemos un llamado a los Organismos Internacionales, Nacionales y no Gubernamentales de Derechos Humanos a exigirle a las diferentes Instituciones del Estado Mexicano a Garantizar los Derechos Humanos de toda la población de las zonas que se disputan los diferentes grupos armados, que se detenga el ecocidio y la ejecución de la concesiones mineras, así mismo que realice la desarticulación de los diversos grupos delincuenciales y pseudo grupos de policias comunitarias

Firma el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José Ma. Morelos y Pavón.