En el marco de los 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, del 29 al 31 de marzo de 2021 se organiza el Foro Generación Igualdad (FGI) como un encuentro mundial, intersectorial e intergeneracional para promover la igualdad de género, convocado por ONU Mujeres y copresidido por Francia y México.

En dicho Foro, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en conjunto con el INMUJERES, organizaron una sesión el lunes 29 de marzo.

Les dejamos aquí la participación de la doctora Gema Tabares:

Muchas gracias por la invitación al TEPJF y a INMUJERES Mujeres. Hace 25 años yo tenía 10 años y mi única preocupación era jugar, hoy son los feminicidios invisivilizados de las mujeres racializadas, por ello, también hoy agradezco a todas las mujeres afrodescendientes que han abierto brecha y que han apostado con sus vidas, sus cuerpos y sus territorios para la búsqueda de nuestros derechos político electorales.

Quiero iniciar esta reflexión diciendo que, en México, según el INEGI, somos el 2% de la población que nos autorreconocemos como afrodescendientes (2,576,213). El 49.6% son hombres y el 50.4% somos mujeres.

Ahora, en teoría hay avances con las recientes acciones afirmativas. Y sabemos que la calidad de la democracia se mide por el incremento de la participación política de las mujeres, se ha reconocido la paridad, pero no hay presencia de las mujeres afromexicanas, entonces, ¿Dónde estamos las mujeres afromexicanas en el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, y a un año y siete meses de reconocimiento constitucional, que, por cierto, aún no se traduce en mejores condiciones de vida sociopolítica y/o económica.

Es decir, dónde estamos en el campo político las mujeres que pertenecemos a un grupo que históricamente ha sido discriminado y racializado.

Quiero decir de manera explícita que es difícil hablar de la justicia electoral si las mujeres afromexicanas no estamos en espacios de poder y tomas de decisiones. Apenas, a nivel nacional 30 mujeres afromexicanas han participado en cargos de representación política y/o cargos en la administración pública.

Estar en el campo político significa enfrentar una serie de violencias política contra las mujeres en razón de género, tales como chantajes, amenazas, insultos, señalamientos, descalificaciones, hostigamientos, que en la mayoría de los casos no se denuncia, ya sea por miedo, vergüenza, por desconocimiento del proceso de denuncia, por temor a represalias, por falta de medios económicos, por la aceptación de las normas establecidas social y culturalmente. Estas violencias lamentablemente en algunos casos han terminado en feminicidios, el ejemplo más indignante, es el asesinato impune de la afromexicana Carmen Parral Santos, quien fungía como presidenta municipal en Oaxaca en el 2019.

La participación política en este sentido, para las mujeres afromexicanas ha sido un camino de acceso restringido debido a las barreras sistémicas y estructurales.

Entonces, uno de los grandes desafíos de la justicia electoral para garantizar los derechos político-electorales, primero es justamente el acceso a la justicia electoral y que esta se traduzca en una sanción oportuna y adecuada a quien ejerce violencia o los beneficiarios de esta violencia política contra las mujeres racializadas.

Un antecedente importante donde no hubo justicia electoral, fue el caso de la primera Negra Mascogo en la historia en postular a una Diputación y quien durante su campaña electoral en el 2018, enfrentó la falta de relaciones equitativas en el seno de su partido político, así como glosas racistas y discriminatorias por el color de piel, me refiero al SM-JDC-0072-2017, donde estuvo presente el criterio de autoadscripción como mujer indígena y no como Negra Mascogo debido a la falta de reconocimiento jurídico de la Tribu en este entonces. (Debido al Decreto No. 803).

Es urgente en este sentido, poner en marcha planes y programas nacionales de prevención, acompañamiento y seguimiento con las mujeres afrodescendientes víctimas pero desde un enfoque interseccional y antirracista. también es necesaria una sanción real y efectiva, ¿Cuál? por ejemplo, los retiros de candidaturas.

Cuando hablamos de justicia electoral, necesitamos que los Tribunales Electorales tengan presente la dimensión étnico racial, además, el Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres, que funciona como una guía o ruta en la labor jurisdiccional, se debe ampliar, complementarse y actualizarse desde una perspectiva interseccional, y antirracista.

Esto permitiría problematizar las desigualdades sociales para verlas ahora como desigualdades interseccionales y visibilizar los complejos sistemas de discriminación que se expresan en el cruce de sistemas de opresión como la clase, la sexualidad, el género, la etnicidad, la religión, la edad, la discapacidad, etc.Hablar de esta justicia electoral implica, obligatoriamente, una aproximación a la cosmovisión y ancestralidad del Pueblo Afromexicano.

Por último, no estar en los espacios de representación política es un claro ejemplo de cómo la violencia contra las mujeres afrodescendientes, busca mantenernos en un rol subordinado, y garantizar con ello, la hegemonía del orden social patriarcal. Por ello, las mujeres afromexicanas continuaremos cuestionando el olvido sistemático y la cultura patriarcal que nos ha colocado fuera de la vida política no desde un papel de víctimas, como se nos ha reprochado, sino desde un papel agencial para lograr la tan anhelada igualdad sustantiva.

Foro Generación igualdad

Semblanza currícular. Gema Tabares Merino. Integrante de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Capítulo México. Dra. En Antropología Social por la UAM. Actualmente es investigadora posdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CDMX). Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Cuenta con experiencia docente e investigadora en países como Ecuador, Nicaragua, México, Noruega, y Francia. Ha sido facilitadora de cursos sobre temas de igualdad de género, empoderamiento político y derechos humanos. Recientemente, coordinó la investigación “Derechos político-electorales de las mujeres afrodescendientes en México” del TEPJF.