San Cristóbal de las Casas Chiapas 09 de abril de 2020.


Nosotras, mujeres indígenas de varios municipios de Los Altos de Chiapas; Marqués de Comillas, Ocosingo, Selva, así como de los estados de Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Unas, agrupadas en la Red de Cooperativas del Sur (Recosur), otras integrantes de la Cooperativa Jolom Mayaetik (Tejedoras Mayas), integrantes del Centro de Formación y Capacitación de Mujeres (Cefocam-K’inal Antsetik) y de K’inal Antsetik (Tierra de Mujeres)-Chiapas. Hemos estado en comunicación a través de vía celular, con mensajes, y recorridos en diferentes municipios y localidades indígenas, así como otros medios de comunicación para llegar a las siguientes reflexiones sobre el impacto económico, social, político y por consiguiente de las violaciones a derechos humanos y de las mujeres ante el contexto del COVID19 y compartimos lo siguiente:

  1. Hoy, más que nunca constatamos los graves riesgos en nuestra salud por el COVID19, en las zonas indígenas y urbanas no hay condiciones para garantizar la debida atención acompañada de información y abastecimiento de productos de primera necesidad para las familias indígenas. A pesar, de algunos esfuerzos de autoridades municipales para controlar los altos costos de productos de primera necesidad; maíz, frijol, azúcar y arroz, éstos continúan bajo ningún control.
  2. No podemos, dejar de buscar una forma de trabajo debido a las condiciones de pobreza y marginación. El lema: “Quédate en tu Casa”, lo comprendemos, pero quién va a cubrir la alimentación de nuestras familias. Qué haremos las tejedoras, alfareras y bordadoras; así como otras mujeres campesinas, si no contamos con recursos económicos, para comprar lo más esencial en estos momentos: garantizar agua, jabón para lavarnos las manos, como tanto es anunciado en los medios de comunicación.
  3. Sabemos que la venta de alcohol fortalece la violencia contra las mujeres y la población infantil, es urgente que las autoridades municipales, estatales y federales; y, particularmente la Secretaría de Salud prohíban su venta tanto en lo urbano como en zonas rurales. En algunos lugares se respeta, pero falta mayor supervisión. Las instancias de procuración de justicia para las mujeres deben estar atentas ante la violencia contra las mujeres. Las instituciones gubernamentales como no gubernamentales nos debemos coordinar para sumar esfuerzos y no permitir ningún acto de violencia contra las mujeres ni violaciones a derechos humanos de los pueblos originarios y las zonas urbanas. Es importante, garantizar el respeto a los derechos laborales de la población jornalera, tampoco hay la suficiente información ni documentación de la situación de quienes retornan desempleados a las zonas indígenas.
    Los y las trabajadoras de Salud, hoy, más que nunca son indispensables en nuestras zonas rurales, debemos garantizar su libre acceso, respetarles y que nos respeten. Ninguna autoridad municipal puede impedirles el paso para la atención. Es indispensable la coordinación como pueblos originarios e instituciones de salud. Para ello, debe equiparse a las clínicas médicas móviles con medicamentos básicos y equipo de protección personal para trabajadoras de la salud; incluyendo a nuestras parteras y comisiones de salud propias de nuestras regiones indígenas. Así como concientizar en nuestras lenguas originarias el contagio del COVID19 a través de campañas en radio y medios de comunicación accesibles a estas regiones. Exhortamos a las autoridades del poder judicial a que abran los juzgados familiares para dar atención a los casos de violencia hacia las mujeres porque es de su competencia emitir las medidas de protección hacia las mujeres. Actualmente, no están dando servicio a la población en Chiapas.
    La responsabilidad es de toda la población, pero también del estado. Nosotras seguiremos sumando esfuerzos y defendiendo nuestra tierra y territorios, porque son la vida y hoy, se encuentran en riesgo por un virus que su origen y propagación responde a muchos factores e intereses, pero también desnuda la realidad de quienes sí pueden permanecer en casa y de quienes no lo podemos hacer. Las diferencias de clases están presentes, así como la discriminación, explotación y violencia contra los y las pobres del mundo. El estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos económicos y sociales de la sociedad y no debe permitir que se violen los derechos individuales y colectivos de la población.
    Centro de Formación y Capacitación para Mujeres (Cefocam-K’inal Antsetik), Cooperativa Jolom Mayaetik, Red de Cooperativas del Sur (Recosur), K’inal Antsetik-Chiapas.