*Se levantan niños para defenderse y enfrentar al crimen organizado
Sergio Ferrer
El llamado; un video de niños y niñas haciendo movimientos tácticos, así como imágenes de mujeres indígenas de Rincón de Chautla, Chilapa, portando armas y dispuestas a defender sus comunidades ante el embate de grupos de delincuencia organizada, data de mediados del año pasado.

La respuesta del gobierno estatal a esta estrategia de una de las 16 comunidades nahuas, adscritas a la Coordinadora Regional de Autoridades comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC- PF), instancia resultante de la escisión de grupos de la CRAC-PC, ejercicio de seguridad y justicia comunitaria practicada en la Costa-Montaña desde hace más de dos décadas, fue llevar colchonetas y despensas, sin solución de fondo.
Desde hace más de un lustro, Chilapa ha sido centro de disputa de al menos dos grupos del crimen organizado; Los Ardillos, Los Rojos, algunos en presunta complicidad con políticos locales. Esto ha significado salvajes asesinatos, feminicidios, tortura, desapariciones, así como afectación a la economía y aumento al ya existente rezago educativo, falta de acceso al pleno desarrollo, a la salud y al libre tránsito.
Si bien se incluye en esta crisis humanitaria conflictos entre comunidades, no se puede deslindar de responsabilidad, como lo ha hecho el Obispo de Chilpancingo en declaraciones recientes, a los grupos delincuenciales.

Ayer, 19 niños indígenas en cuyas comunidades se ha vivido violencia, fueron presentados ante los medios, haciendo actividades de entrenamiento en el caso de los mayores de 12 años, y formación a los menores de esa edad, para ser parte de grupos de Policía Comunitaria o prepararse para algún día ser parte de la CRAC-PF y rendir servicio comunitario.
La CRAC-PF afirma ser una institución y tener su sustento en el Convenio 189 de la OIT, la Constitución mexicana y la Ley local 701, que esta en revisión del actual Congreso de Guerrero, luego de que el gobernador priísta Héctor Astudillo moviera sus fichas para quitar el reconocimiento implícito de la CRAC-PC, a fin de no tener sustentadas sus atribuciones en ese marco legal local e incluso en la Constitución de Guerrero.
Tanto la ocasión anterior como ahora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero y el propio gobierno estatal han criticado las acciones de quienes presentaron a los niños policías comunitarios al “poner en riesgo su integridad física y emocional”, aunque ese riesgo sea un hecho que padecen diariamente.
En 2019, la CNDH con respecto a las presuntas violaciones a los derechos de niñas y niños, derivado de la participación de personas menores de edad en los grupos de autodefensa del municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, el 13 de mayo la CNDH solicitó a la SEGOB; al Gobierno del Estado de Guerrero; al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas; Niños y Adolescentes; al Sistema Nacional DIF; a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, así como a la Fiscalía General del mismo estado, que se implementaran mecanismos adecuados para evitar la criminalización, la revictimización y la difusión de los datos personales de las niñas, niños y adolescentes involucrados y de sus familias, para elaborar el diagnóstico y el plan de restitución de derechos integral, así como garantizar la investigación pronta y expedita de los hechos de violencia referidos.

Lo cierto es que los tres niveles de gobierno no han querido o no han podido cumplir con esta solicitud. Por otra parte, el Gobierno de México no ha abierto el diálogo con grupos de seguridad y justicia ciudadana. Hay crónicas de periodistas locales que dan pauta al imaginario como una manera de acercarse a esa realidad que oprime, que entristece.
Traducción audio en náhuatl: Se levantan niños para defenderse y enfrentar al crimen organizado.
En la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa Guerrero se presentaron 19 niños, que tienen entre 6 y 15 años, Como nuevos integrantes de la Coordinadora Regional de las Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF)
Esto, en respuesta a los hechos ocurridos el pasado 18 de enero de 2020 cuando fueron asesinados y quemados 10 músicos que venían de tocar en otro pueblo.
Por esta razón, estos niños tomaron las armas, la masacre, de la que fueron víctimas sus padres les dolió, les lloraron y se preocuparon por sus familias y su comunidad. De allí, que tomaron fuerza para defenderse. En este mediodía, presentaron a estos niños como integrantes de la policía comunitaria.

Bernardino Sanchez Luna dijo:
«Les enseñamos a defenderse para que no sean levantados, para que no sean secuestrados por los sicarios. Porque ya nos dimos cuenta, que los del crimen organizado no, nos hacen nada si portamos armas».
Bernardino Sanchez Luna, es el fundador de la (CRAC-PF) de la comunidad del Rincón de Chautla.
También enfatizaron que ya están cansados del hostigamiento continuo de los integrantes del crimen organizado, están cansados de las constantes amenazas y abusos de los que son sujetos a manos de los sicarios. Y las autoridades no hacen nada.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2019, pidió a las autoridades competentes, se implementarán mecanismos para evitar la criminalización y revictimización de niños y adolescentes involucrados. Así también, garantizar una pronta investigación.