Libertad para los líderes Maasai injustamente presos

Tanzania: Stop further attacks! Free the Maasai leaders and human rights defenders accused under severe trumped-up charges

Por: IPRI 18 de julio de 2022

The Indigenous Peoples Rights International-IPRI urgently calls on the State of Tanzania to immediately stop the criminalization against Maasai leaders and human rights defenders in the Loliondo Division. These leaders along with their communities are defending their right to live in their legally-recognized customary lands in the face of attacks to evict them.IPRI has continuously followed up on the systematic attacks by the State of Tanzania against the Maasai. These actions, under the guise of conservation, are violating the human rights of the Maasai. These also contravene explicit orders from the East Africa Court of Justice whereby it instructed the State of Tanzania to cease and desist from evicting the Maasai; and from destroying their homesteads or confiscating their livestock on that land and restrain from harassing or intimidating the Maasai.

These leaders were arrested the day before the murder that is being attributed to them. Last week, 72 Maasai were arrested and 22 were released on bail. More and more are facing threats of arrest and detention based on false charges.

In addition to these human rights violations, 18 Maasai indigenous pastoralists also had their livestock confiscated (totaling over 3,500 livestock) and they had to pay around 4,500.00 USD each to claim back their animals.
Joan Carling, Executive Director of IPRI, pointed out that «these attacks to the Maasai pastoralists by government forces are not only against the State’s human rights obligations but it also demonstrates the systemic racism and discrimination against the Maasai who have protected the wildlife and biodiversity in their customary lands for centuries.”

It should be recalled that these evictions are fueled by the interest of the Government of Tanzania to the establishment of the so called Pololet Game Control Area, established in indigenous peoples’ villages without their Free, Prior and Informed Consent and contrary to Tanzania’s Constitution and legislation. While the Maasai organized a series of peaceful assemblies to demand dialogue and the protection and respect of their rights, the Government did otherwise: unilaterally took violent actions to evict and relocate them to other areas without their consent.

Last June 15, IPRI – as an international organization constituted to address criminalization, violence and impunity in attacks against Indigenous Peoples – called on the Government of Tanzania to immediately withdraw all State forces from the Maasai traditional lands and engage in a constructive dialogue with Maasai leaders of Loliondo to end the conflict. As noted by Joan Carling, “the Maasai indigenous pastoralists are not criminals, and they deserve respect and peace in their territories.”

IPRI calls on the international community to condemn the attacks and violations of the rights of the Maasai Pastoralists and to urge the government of Tanzania to:

Stop the criminalization of Maasai leaders; provide access to justice and ensure the respect for their fundamental rights of freedom of peaceful assembly, freedom of speech instead of threats and reprisals. Immediately drop the charges against the Maasai leaders and defenders on trial and, in consequence, release them. Immediately stop the violence of State forces against the Maasai.Provide justice and reparations to victims of the armed attack of June 9, and for those whose livestock has been killed or confiscated.Start a process of dialogue with the Maasai leaders based in the respect of their rights. This is the only acceptable solution in a Democratic State that upholds its international human rights obligations. Implement the law on community land rights and other individual and collective rights of the Maasai indigenous pastoralists consistent with international human rights instruments.

Las tribus Lakota piden a Biden que cierre el oleoducto Dakota Access

Amy Goodman y Denis Moynihan

En idioma lakota, “Oceti Sakowin” quiere decir “consejo de los siete fuegos”, en referencia a las siete tribus que integran el Pueblo Lakota, también llamado Gran Nación Sioux. Cuatro de los siete gobiernos tribales de la Gran Nación Sioux le enviaron una carta a Joe Biden el día previo a su asunción. En ella escribieron: “Desde tiempos inmemoriales, la gente de la Gran Nación Sioux ha vivido, cazado, pescado y organizado ceremonias junto al río Misuri (río Mni Sose en idioma lakota)”. Los gobiernos tribales pidieron “una acción rápida y decisiva en relación con el oleoducto Dakota Access”.

El Dakota Access es un oleoducto de casi 1.900 kilómetros de extensión que transporta petróleo crudo extraído mediante fracturación hidráulica desde los yacimientos petroleros de Bakken, en el estado de Dakota del Norte, hasta el estado de Illinois, en camino hacia Texas. Como una de sus primeras medidas en el cargo en 2017, el expresidente Trump dio luz verde tanto al oleoducto Keystone XL como al Dakota Access. En su primer día en el cargo, el presidente Biden revocó el permiso de construcción del Keystone XL, pero dejó intacto al oleoducto Dakota Access. El miércoles, una semana después de su investidura, en el día que la Casa Blanca denomina Día del Clima, Biden anunció medidas radicales para enfrentar la catastrófica alteración climática, pero nuevamente no tomó ninguna medida sobre el oleoducto Dakota Access.

La carta de las tribus Lakota enumera los tratados del siglo XIX entre las tribus y el Gobierno de Estados Unidos y agrega que “después de que se descubrió oro en la región de las Colinas Negras, el gobierno violó todos los tratados”, despojando “a la Reserva indígena de vastas áreas de tierra”. Para los habitantes originales de estos territorios, la democracia estadounidense no trajo libertad sino violencia, desplazamiento y genocidio. Sin embargo, las naciones indígenas de este territorio al que llaman Isla Tortuga sobreviven y continúan resistiendo.

La tribu sioux de Standing Rock, apoyada por cientos de otras tribus indígenas y aliados a la causa, obligó al Gobierno de Obama-Biden a cerrar el oleoducto Dakota Access en 2016. Con el eslogan en lakota “mni wiconi” (el agua es vida) expresaban su temor de que un derrame de petróleo del Dakota Access contaminara el río Misuri, del que depende la supervivencia de la tribu. La empresa propietaria del oleoducto, Energy Transfer LP, controlada por Kelcy Warren, multimillonario de Texas y megadonante del Partido Republicano, contrató guardias de seguridad privados para combatir a los denominados “protectores del agua”. Durante el fin de semana del Día del Trabajo de 2016, los guardias golpearon a los manifestantes mientras enormes excavadoras arrasaban con terrenos sagrados para las tribus. Nuestro equipo observó y filmó con horror cómo los guardias soltaban perros de ataque, que mordían a los manifestantes indígenas que se encontraban reclamando en forma pacífica. La sangre goteaba de la boca y la nariz de uno de los perros.

Desde la aprobación del Gobierno de Trump, el oleoducto Dakota Access ha transportado cientos de miles de barriles de petróleo por día bajo el lago Oahe, que se formó cuando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos construyó una presa en el río Misuri en la década de 1950. En su carta a Biden, las tribus señalan que “la presa de Oahe destruyó más tierras indígenas que cualquier otro proyecto de obras públicas en la historia de Estados Unidos”.

Esta semana, el Tribunal Federal de Apelaciones de la ciudad de Washington D. C. falló a favor de las tribus sioux Standing Rock, Cheyenne River, Yankton y Oglala, en su demanda contra el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El fallo del Tribunal obliga al Cuerpo de Ingenieros del Ejército a realizar una revisión completa del impacto medioambiental, citando, entre otras razones, el pésimo historial de la empresa Energy Transfer, que en el pasado tuvo varios derrames de petróleo en sus numerosos oleoductos.

En la orden judicial, el juez David Tatel cita las palabras de Dave Archambault II, expresidente de la tribu sioux de Standing Rock: “El agua es más que un recurso, es sagrada, ya que el agua conecta toda la naturaleza y sostiene la vida”, escribió Archambault al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en marzo de 2016, un mes antes de que se encendiera la primera fogata de protesta contra el Dakota Access, cerca de la ruta por donde estaba planeada la construcción del oleoducto, ubicada en la confluencia de los ríos Cannonball y Misuri, en territorios tribales no cedidos.

Los campamentos de resistencia al Dakota Access pasaron de una decena de personas alrededor de esa única fogata en abril a más de 10.000 “protectores del agua” en octubre de 2016. Las tradiciones del pueblo Lakota fueron claves en la organización de la protesta: oraciones, cantos y un profundo respeto por el liderazgo de los ancianos. Ahora, a medida que la pandemia de la COVID-19 asola a las naciones indígenas en Estados Unidos, hay un temor creciente de que la sabiduría ancestral y los propios idiomas de los diferentes pueblos indígenas perezcan.

Jodi Archambault, de la tribu sioux de Standing Rock y ex asesora especial de Asuntos Indígenas del presidente Obama —quien también es hermana de Dave Archambault—, escribió recientemente en el periódico The New York Times: “Los estados de Dakota del Norte y Dakota del Sur, donde se ubican las reservas de las tribus Lakota, lideran en Estados Unidos las tasas de coronavirus per cápita. Estamos perdiendo más que amigos y familiares; estamos perdiendo el idioma que hablan nuestros mayores, la savia de nuestro pueblo y la esencia misma de quiénes somos”.

Las órdenes ejecutivas que firmó Biden en el Día del Clima reflejan una importante diferencia con respecto a las políticas ambientales destructivas y negadoras de la ciencia del Gobierno de Trump. Sin embargo, para las naciones indígenas, la crisis climática y la COVID-19 han profundizado la devastación que produjeron siglos de genocidio. Cerrar el oleoducto Dakota Access es un paso vital para reparar el daño ya hecho, un paso que el presidente Biden puede y debe dar sin demoras, con una simple firma.

La CIDH anuncia fechas y alcance de su visita de trabajo a México, sobre personas en situación de movilidad humana

Washington, D.C. 13 de diciembre de 2020.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita virtual a México, con el objeto de obtener información sobre la situación de la movilidad humana en México; en particular sobre la realidad transfronteriza en el país. Esta visita se llevará a cabo en dos etapas; la primera, del 16 al 18 de diciembre del 2020, y la segunda, del 11 y 12 de enero de 2021.

La visita es conducida por la CIDH en seguimiento a la invitación expresa del Estado mexicano. La delegación estará integrada por la Comisionada Julissa Mantilla, Relatora sobre los Derechos de las Personas Migrantes, y por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora de País para México y sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia. Asimismo, integraran la delegación María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Interina y especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

La visita se enfocará en recopilar información sobre la situación de personas en de movilidad humana en las fronteras sur y norte de México, así como de aquéllas que están en tránsito a lo largo del país. Asimismo, se analizará la situación de las personas con necesidad de protección internacional, la detención migratoria, el acceso a la justicia por parte de estas personas, y los procedimientos de migración y asilo. También, se recopilará información sobre la situación de personas que se encuentran en especial vulnerabilidad.

La Comisión reitera su agradecimiento al Estado mexicano por la anuencia para la realización de la visita, así como por facilitar y brindar la asistencia necesaria durante la conducción de la misma. Además, la CIDH agradece a las organizaciones de la sociedad civil por la información que puedan suministrar para alcanzar el objetivo deseado con esta visita de monitoreo.

Durante la visita, la delegación de la CIDH mantendrá reuniones virtuales con autoridades del Estado, organismos internacionales de protección de derechos humanos, representantes de la sociedad civil, personas migrantes y otros actores relevantes

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

CIDH emite medidas cautelares em favor dos membros dos povos indígenas Yanomami e Ye’kwana

Washington, D.C. – Em 17 de julho de 2020, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) emitiu a resolução 35/2020, mediante a qual outorgou medidas cautelares de proteção a favor dos membros dos povos indígenas Yanomami e Ye’kwana. A CIDH considerou que as pessoas beneficiárias estão em situação grave e urgente, pois seus direitos correm risco de danos irreparáveis.

O pedido apresentado pela Associação Hutukara Yanomami e pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos refere-se aos membros da Terra Indígena Yanomami, composta por 321 aldeias, incluindo povos recentemente contatados e alguns em isolamento voluntário. As pessoas beneficiárias estariam em especial situação de risco face à pandemia de COVID-19, considerando sua particular suscetibilidade a doenças respiratórias e o rápido crescimento de contágios no seu território; as falhas no sistema de saúde para a população indígena, agudizadas pela pandemia; a presença ilegal de cerca de 20 mil garimpeiros no território, fomentando o fluxo do vírus das comunidades urbanas; a contaminação da população pelo mercúrio; e, finalmente, os atos de violência de garimpeiros contra a população indígena, principalmente suas lideranças.

A CIDH solicitou informações ao Estado, em conformidade com o artigo 25.5 de seu Regulamento. Foi informada sobre as medidas adotadas para buscar a reabertura das Bases Etnoambientais de Proteção, indicando que uma das três situadas na área já estaria reativada. Também foram fornecidas informações sobre o apoio à alimentação e à saúde que estava sendo prestado ou programado, bem como as diligências relacionadas à proteção territorial das terras indígenas no Brasil.

Na resolução, a Comissão levou em conta o risco diferenciado que os povos indígenas enfrentam diante da pandemia devido à sua particular vulnerabilidade imunológica, principalmente os povos de contato recente ou em isolamento voluntário; o estado crítico do sistema de saúde projetado para atender a população beneficiária; bem como a presença de terceiros não autorizados em seu território. Por sua vez, a CIDH avaliou a existência de uma resolução judicial ordenando a reabertura das três Bases de Proteção Etnoambiental da região, que teria sido apenas parcialmente cumprida, com a reabertura de uma. A CIDH considerou que as informações apresentadas pelo Estado são gerais e programáticas e não permitem ver as ações implementadas diretamente à população beneficiária.

Consequentemente, com base no artigo 25 de seu Regulamento, a CIDH solicitou ao Brasil que adote as medidas necessárias para proteger os direitos à saúde, à vida e à integridade pessoal dos membros dos Povos Indígenas Yanomami e Ye’kwana, implementando, de uma perspectiva culturalmente apropriada, medidas preventivas contra a disseminação da COVID-19, além de fornecer assistência médica adequada em condições de disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade, de acordo com os parâmetros internacionais aplicáveis. Foi também solicitado que o Estado acorde com as pessoas beneficiárias e seus representantes as medidas a serem adotadas e que informe as ações adotadas para investigar os fatos alegados e, assim, evitar sua repetição.

A concessão da medida cautelar e sua adoção pelo Estado não prejudicam uma possível petição perante o sistema interamericano no qual são alegadas violações dos direitos protegidos nos instrumentos aplicáveis.

CIDH expresan preocupación por restricciones a libertad de expresión e información en torno a COVID-19

Washington, D.C. 18 de abril de 2020.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia (SACROI COVID-19), manifiestan su preocupación por las violaciones a la libertad de expresión y restricciones al derecho a la información a raíz de las medidas establecidas por los Estados de la región en el marco de la respuesta a la pandemia. La CIDH y la Relatoría Especial instan a los Estados a garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información, y hacen un energético llamado a garantizar el rol trascendental que cumple la prensa en contextos de pandemia, de acuerdo con la Resolución 1/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos emitida por la Comisión Interamericana.

La CIDH y su Relatoría Especial han identificado restricciones en el acceso de periodistas a ruedas de prensa y en la posibilidad de realizar preguntas sobre la pandemia; también algunos Estados han recurrido a figuras del derecho penal para sancionar la difusión de ideas e información calificadas como falsas o incitaciones al pánico respecto a la salud pública. Por otra parte, con el legítimo interés de detener la dispersión de la pandemia, en algunos Estados se ha recurrido a medidas de ciberpatrullaje digital, lo que podría afectar las libertades fundamentales.

De acuerdo con la información recibida, al comienzo de la pandemia varios Estados, tales como Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Honduras y México, habrían suspendido o extendido los plazos de tramitación de procedimientos administrativos de forma general y/o vinculados con solicitudes de información pública. En el caso de Nicaragua la situación reportada sobre la provisión de información relacionada con la pandemia reviste la mayor gravedad, debido a la falta de información clara y desagregada sobre las personas sometidas a test, las personas infectadas y las que han visto agravado su estado de salud.

En Colombia, mediante el artículo 5 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo, se ordenó la ampliación de los plazos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, para atender las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria. Así, extendieron de 15 a 30 días el plazo para responder solicitudes en general, de 10 a 20 días aquellas en las que se soliciten documentos e información, y de 30 a 35 días aquellas en las que se eleva una consulta a autoridades en relación con las materias a su cargo.

La CIDH y su Relatoría Especial también reconocen y saludan que en varios Estados los órganos de control interno han revertido algunas de las medidas iniciales más restrictivas sobre el acceso a la información. En el caso de Brasil se dictó una Medida Provisional suspendiendo los plazos de respuesta a las solicitudes de acceso a la información en casos no relacionados con la situación de salud, pero dicha medida fue suspendida por el Supremo Tribunal Federal días más tarde. En Argentina, si bien el 19 de marzo el Poder Ejecutivo Federal suspendió de manera general los plazos administrativos, el martes 14 de abril, la Agencia de Acceso a la Información Pública exceptuó de la suspensión de plazos a los trámites de acceso a la información pública, y citó expresamente la Resolución 1/20 de la CIDH. El gobierno federal informó que desde el comienzo del estado de emergencia exceptúo a los comunicadores, medios y trabajadores de empresas de telecomunicación del aislamiento y las restricciones de circulación decretadas por la emergencia.

En Estados Unidos, el FBI inicialmente informó que no aceptaría -ni respondería- solicitudes electrónicas de acceso a la información debido a la emergencia del Covid-19; no obstante, más recientemente la agencia publicó en su página web que recibirá solicitudes de información y las responderá con demoras . Otras agencias anunciaron la extensión de plazos en la entrega de información.

En México el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) suspendió los plazos para atender las solicitudes de información y protección de datos personales hasta el 17 de abril -y luego se habría ampliado hasta el 30 de abril-, aunque el órgano garante mantiene la vigilancia de sobre la situación y estableció esquemas de transparencia proactiva. El gobierno federal de México informó que cumple las obligaciones de proveer información sobre la pandemia y generó una base de datos abiertos sobre Covid-19.

Por su parte, la CIDH reconoce la declaración pública y otras acciones realizadas por el Consejo para la Transparencia de Chile, el cual emitió recomendaciones a los sujetos obligados, entre ellas, la de otorgar especial prioridad a la información desagregada sobre la pandemia y la de adoptar medidas en línea con la Resolución 1/20 de la CIDH.

Por otra parte, en varios países se reportaron dificultades en el acceso de periodistas a conferencias de prensa oficiales y en la posibilidad de que éstos realicen preguntas de forma presencial o virtual, sin que se establezca de forma clara el criterio para la selección de los medios que pueden realizarlas. Lo anterior podría socavar el rol de la prensa y el derecho a la información de las personas sobre la pandemia, así como la rendición de cuentas del gobierno. En el caso de El Salvador, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil denunciaron la imposibilidad de realizar preguntas en conferencias de prensa oficiales, y la falta de información desagregada sobre el desarrollo de la pandemia. Preocupa también la difusión de información sin base científica por parte de altas autoridades en Venezuela, Cuba, Brasil y Nicaragua, lo cual podría contribuir a la difusión de información poco fidedigna y generar incertidumbre en la población.

El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos y los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Al respecto, la Resolución de la CIDH sobre Pandemia y Derechos Humanos resaltó la importancia del acceso a la información en el contexto actual por causa del Covid-19 y el rol crucial que cumplen los periodistas en el marco de la emergencia de salud pública, al informar sobre puntos críticos y monitorear las acciones del gobierno. Los Estados tienen la obligación de permitir el acceso a las conferencias de prensa oficiales a todos los medios, sin discriminación por línea editorial, a excepción de las medidas necesarias y proporcionales para proteger la salud. Incluso las preguntas formuladas en espacios virtuales deben ser respondidas por las autoridades con debida diligencia, debido a que la prensa es el principal canal para allegar cuestionamientos o interrogantes a las autoridades ante la situación de emergencia y aislamiento de la población.

Por otra parte, los funcionarios públicos no deberían efectuar, avalar, fomentar ni difundir declaraciones que saben o deberían saber razonablemente que son falsas, que constituyan desinformación, o que muestran un menosprecio manifiesto por la información verificable. En contextos como el actual, en el que se vive una crisis de salud pública, la información oficial debe contar, dentro de lo razonable, con base científica.

En relación con las solicitudes de acceso a la información, la recomendación No. 33 de la Resolución de la CIDH señala que los Estados pueden otorgar prioridad a aquellas solicitudes relacionadas con Covid-19, pero no deben establecer limitaciones generales respecto de otras solicitudes. En caso de postergación de plazos, los Estados deben fundamentar la negativa, establecer un espacio temporal para cumplir la obligación y admitir la apelación de las resoluciones. En este sentido, es fundamental que los gobiernos apliquen firmemente sus leyes de acceso a la información para garantizar que todas las personas, especialmente los periodistas, tengan acceso a la misma.

La CIDH y su Relatoría Especial recuerdan de forma especial que, con base en la obligación de transparencia activa, los Estados deben proporcionar proactivamente información veraz y fidedigna sobre todos los aspectos de interés público relacionados con la pandemia, en formatos abiertos y de manera accesible a todos. Dado a la existencia de la brecha digital, los Estados deben encontrar formas eficaces para realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias.

Por otro lado, la CIDH y su Relatoría Especial observan con extrema preocupación la utilización del derecho penal contra periodistas o personas que publican información relacionada con la pandemia. Según información de público conocimiento, en Venezuela se habría detenido a periodistas y médicos que publicaron información sobre la expansión del virus y cuestionaron la respuesta del gobierno ante la crisis. El periodista Darvinson Rojas habría sido detenido y acusado por instigación al odio e instigación pública por publicar información sobre los contagios, y el médico Julio Molino habría sido acusado de “incitación al odio, zozobra a la comunidad y agavillamiento” por lo que se habría dictado prisión domiciliaria en su contra, luego de denunciar la situación de un hospital.

En Cuba, varios periodistas han sido multados mediante la aplicación del Decreto-Ley 370, que regula la “informatización de la sociedad en Cuba”, luego de que los mismos se manifestaran en redes sociales y medios de comunicación respecto de la pandemia y la respuesta del Estado en este contexto. En algunos casos también habrían decomisado sus teléfonos celulares. El decreto prevé que será sancionada la difusión de información en Internet “contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.

En Bolivia, en tanto, se dictó el Decreto Supremo 4200 que estableció que “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”. En esta línea, el Ministerio de Justicia de Perú señaló que quienes desinformen a la ciudadanía con noticias falsas para obtener un beneficio o perturbar la tranquilidad pública podrían ser sancionados con pena privativa de la libertad de hasta 6 años, según lo estipulado en el Código Penal. En Guatemala, el gobierno anunció que podría denunciar a personas por incitación a la sedición, de entender que sus expresiones desinforman o generan pánico a través de las redes sociales, de acuerdo las disposiciones de la Ley de Orden Público y las disposiciones presidenciales en caso de calamidad púbica del 12 de abril de 2020.

En Argentina, se habrían iniciado causas penales por “intimidación pública” contra al menos cinco personas que publicaron en sus redes sociales información que sería falsa. Asimismo, en Ecuador un ciudadano habría sido detenido en la ciudad de Esmeraldas, luego de publicar en su Facebook imágenes y comentarios sobre el modo en que el personal médico de su ciudad atendía a los pacientes con coronavirus. El Estado informó que el referido ciudadano fue liberado y la fiscalía no formuló cargos.

Tanto en Colombia como en Argentina se estarían realizando labores de “ciberpatrullaje”, que tendrían como objetivo identificar cuentas que difundan información falsa. En el caso de Argentina, la ministra de Seguridad de la Nación afirmó que dichas tareas buscaban detectar “el humor social”; sobre el particular, el gobierno argentino informó que la secretaria de Estado precisó que la actividad será regulada por un protocolo de actuación, que se construye en línea con los estándares interamericanos y en consulta con la sociedad civil.

Al respecto, en su declaración conjunta sobre Covid-19, los relatores para libertad de expresión indicaron que los Estados no deberían establecer tipos penales para sancionar la difusión de desinformación o de noticias falsas. Ello, dado que la introducción de tipos penales podría retrotraer a la región a una lógica de criminalizar expresiones sobre funcionarios o asuntos de interés público y establecer una herramienta con un fuerte efecto inhibitorio de la difusión de ideas, críticas e información. Asimismo, la Resolución adoptada por la CIDH destaca que en caso de que se establezca responsabilidad ulterior por la difusión de información u opiniones, basada en la protección de los intereses de salud pública, ésta debe ser establecida por ley, de modo proporcional al interés imperioso que la justifica y debe ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo.

Por último, la CIDH y la Relatoría Especial han advertido en repetidas oportunidades sobre el uso de figuras penales vagas y ambiguas que no cumplen con los requisitos exigidos por el derecho internacional para criminalizar el trabajo periodístico, la defensa de los derechos humanos y las expresiones de crítica a través de redes sociales. Del mismo modo, la CIDH en su Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión estableció que las penas de prisión para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos o temas de interés público son contrarias al marco jurídico interamericano.

Por otra parte, en varios países se han llevado a cabo campañas de estigmatización en contra de periodistas. Por ejemplo, el presidente de Brasil ha cuestionado a la prensa en repetidas ocasiones, acusándolos de causar histeria en relación con el Covid-19. Por su parte, en Venezuela se ha estigmatizado y hostigado a periodistas, quienes habrían recibido amenazas y cuyas casas habrían sido pintadas con grafitis. En Estados Unidos, el presidente ha cuestionado a periodistas durante las conferencias de prensa brindadas en el marco del Covid-19.

Asimismo, en Guatemala, un conjunto de periodistas ha denunciado públicamente que fueron descalificados por parte del presidente y otros funcionarios; así como que se habrían restringido los canales virtuales para dirigir preguntas sobre la respuesta al Covid-19. El gobierno informó que el presidente ofrece a diario conferencias de prensa e instruyó a la Secretaría de Comunicación Social para informar de manera gráfica a la población, incluyendo idiomas de los pueblos Maya, Garífuna y Xinca.

Sobre el particular, la Resolución adoptada por la CIDH establece que los funcionarios públicos deben observar un especial cuidado en sus pronunciamientos y declaraciones respecto de la evolución de la pandemia, y ser conscientes de que están expuestos a un mayor escrutinio y a la crítica pública, aún en períodos especiales. Asimismo, la Comisión recuerda que los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos.

En el marco de la pandemia, la CIDH y la Relatoría Especial recuerdan a los Estados que toda suspensión, restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos con la finalidad de protección de la salud en el marco de la pandemia COVID-19 debe cumplir con el principio de legalidad, ser necesaria en una sociedad democrática y, por ende, resultar estrictamente proporcional para atender la finalidad legítima de proteger la salud pública.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Resistance, Solidarity, and Reporting in Mexico: Q&A with Marcela Turati

By Paola Nalvarte

Lunes 10 de octubre de 2017. En la Galería del Centro Cultural y de Visitantes El Rule, inició el primer Encuentro Internacional de Periodismo, Por una cultura de paz, con la charla Cómo se hace la paz desde el periodismo. Diálogo entre Zaina Erhaim (Premio Peter Mackler por Periodismo Ético y Valiente 2015) y Marcela Turati (México), con la moderción de: Yanet Aguilar. Fotografía: MIlton Martínez

“She is a promoter and leader of collaborative projects. In one of those projects she investigated the 2010 execution of 72 mostly Central American migrants, and the forced disappearance of hundreds more, by drug traffickers and police in the deadly Mexican state of Tamaulipas. Her reporting revealed the hidden tragedy of massive disappearances in Mexico and exposed a vast number of clandestine mass graves in the country.” — Columbia Journalism School on Marcela Turati, July 2019.

The award-winning Mexican journalist and author Marcela Turati was recognized this time with the 2019 Maria Moors Cabot Prize for her professional excellence and for promoting better inter-American understanding with her reports.

The Columbia Journalism School has given the prestigious Cabot Prizes since 1938, honoring journalists on the American continent who stand out in the profession.

Turati, a native of the northern state of Chihuahua, has covered the war against drug trafficking in Mexico for several years, focusing on the victims of violence, on disappeared persons, their survivors and their families. In recent years, she and colleagues have founded the network Periodistas de a Pie and investigative site Quinto Elemento Lab. [Editor’s note: Quinto Elemento’s “El país de las dos mil fosas” (The country of two thousand graves) was the first place winner of the Javier Valdez Latin American Prize for Investigative Journalism at Colpin in Mexico City earlier this month.] Both groups seek to defend freedom of expression, support journalism, and obtain protection for Mexican journalists. Mainly, they support journalists who work in the most dangerous and poor regions of the country.

Likewise, with Quinto Elemento Lab, Turati and her colleagues train journalists in terms of techniques and innovative investigative angles, and give emotional and psychological support for all journalists who have been covering the country’s violence for years.

“So many years of violence burn, so many years of violence can make it so that your joy of living is diluted, they cause trauma, cause stress, make us change as people and what we want is to keep the heart open and clean, and to be able to continue ahead without getting used to this violence, but also to be prepared for this violence,” Turati said in a moving interview with the Knight Center leading up to the Cabot Prize ceremony.

The entire interview, which has been translated from Spanish, continues below. Responses have been edited for clarity and length.

When or how did you decide to become a journalist?

Well, in college. At first I wanted to study radio and in the final semesters, I took the subsystem workshop, which are like specialized classes, and for some reason I chose journalism, and in the classes I fell in love, I loved it. It seemed to me, I don’t know, that it came easy to me to write, I liked it.

I also had to write about the Sierra Tarhumara – I’m from Chihuahua – and that there was hunger and a campaign was made to help people, so I saw that there was a power there to help change things, right? And I also had very good teachers who had been, one of them, a war correspondent, and I really liked to hear their reporting stories. And, then, at the university it was at that moment that I got the little worm of doing journalism. We had a very good school newspaper called La Guardilla, and there I made my first steps.“My work has always been collaborative, it has been collaborative for many years, it is working in a team, it is working with many people.”

Then, still in college, I had a little doubt, and I wanted to be in a human rights organization or be a journalist. I spent my last semester in the indigenous community, in a project, helping indigenous popular communicators to learn, but there I discovered that I am very desperate and that I liked changes to happen quickly, that the other was like a process that took too many years and that I liked to investigate a subject, touch on a subject and, of course, to talk about it and see, and try to make changes in a short period of time and that is why I decided, well, I chose journalism. And immediately, then, they hired me when I graduated, they hired me at the newspaper Reforma, so that defined my path.

When you think of all the people you’ve interviewed and all the stories you’ve covered, which ones would you say were the most interesting or with/from which did you learn more?

Well, something that did mark me, and that have been those that have left a mark on me in recent years, have been the victims of violence, the survivors, the families of the victims, the people who have survived the violence. So, for me, perhaps the people who have moved me the most, crushed [me], the ones from whom I learned the most, are the mothers, the sisters, the daughters of people who have been disappeared, because I see them fighting every day, looking for their relatives, trying different ways, changing laws, mobilizing, preparing themselves in legal matters, becoming almost private investigators, learning strategy…

I feel privileged to be able to accompany them and I feel that they also humanize me, right? When I see that they do all that for love and that it is done for love, and how they love their children, relatives who have been disappeared. And, well, I feel that. I know that they have really left a mark on me in recent years. I have learned many things from them, and, well, I am very grateful to them because I always say that they humanized me.

What does it mean for you to be a journalist in Mexico and what type of journalism do you do now?

Well, being a journalist in Mexico is a constant challenge. It is living in a country where, as I have said for a long time, and several of us say, we become war correspondents without leaving our land, where several of us decided to cover the violence from a more human rights approach, where we are in constant contact with the tragedy, with the victims, and also it challenges us all the time in how to tell these stories so as not to normalize them. How to continue telling.

For example, in my case, since 2008 or so I began to systematically cover victims of violence, to follow, to see their cases, to talk to people who were displaced, or people who have a disappeared relative, or survivors or witnesses of massacres, or relatives of massacred people, and the victims are thousands of thousands… And well, for journalists it has been — us journalists who cover those issues — it has been a constant challenge. It has meant becoming journalists and many other things: journalists who had to create networks to protect ourselves, train ourselves in physical security, digital security, and then, emotional security…

To give importance to being in community, to do it in [a] collective [way], to make us a community and strengthen ourselves, and take care of ourselves among many… That has been for me, during these years of coverage in Mexico, my work as a journalist but also my work as a promoter of networks or of collectives, so that different collectives organize themselves and, together, see how we take care of ourselves.

It has been a difficult time, because they have killed several beloved colleagues, well-known,; they kill many journalists, so that’s why we have that awareness that, in addition to being journalists, we have to somehow take to the streets or do journalistic projects to investigate these murders, to demand justice and to ask for an end to impunity. So, that has been a very important issue, that journalism in Mexico, in addition to everything, has been a victim of violence, and we are a profession that has had to organize to resist, to take care of each other, and to demand justice. Well, being a journalist in Mexico is a responsibility.

What feelings mobilize you when you remember your journalist friends who lost their lives for doing their job in Mexico?

That has also changed, that is, it has determined who I am and the decisions I have made. The first journalist I knew who was killed is ‘Choco,’ Armando Rodríguez, a journalist from Ciudad Juárez who was the one who took the pulse of the city. That murder was very difficult. When I had already founded Periodistas de a Pie with other colleagues, it was an organization that we created, first to organize ourselves and to better cover social programs, social issues, which later, due to violence, we changed to give workshops, trainings, and to accompany journalists. Journalists arrived from the most dangerous states, and we began to have contact and awareness of how dangerous it was to be a journalist in Mexico and in some regions. That determined my work as a journalist a lot, on the one hand, covering victims, but it was like having a double role, because it was also as a trainer and companion of journalists at risk, at the same time.

Then, we started, and it was from Armando’s case, when we realized that we all had to go out to protest because journalists in the states were alone, because they are the ones carrying the worst burden, because they are the ones who are most threatened, and because there was a lack of solidarity among the journalists who lived in Mexico City, although I am from Chihuahua, too…

SEE MORE… https://gijn.org/2019/11/19/resistance-solidarity-and-reporting-in-mexico-qa-with-marcela-turati/